La financiación de la Seguridad Social: entre lo coyuntural y lo necesario

La financiación de los sistemas públicos de pensiones concebidos en el marco de los sistemas financieros de reparto siempre tiene tensiones porque su esquema es que las generaciones presentes son las que aseguran los derechos de los anteriores. Es evidente que la demografía y el empleo son los dos elementos que equilibran el exceso de gasto que puede provenir de asumir costes inferiores. Es muy simple decir que cuantos menos contribuyen en la actualidad a financiar el sistema menos seguridad hay en la garantía de las prestaciones anteriores. Es fácil decir que ni la demografía ni el empleo nos ayudan especialmente en este momento ni lo han hecho a lo largo de los últimos años. Siendo esto así, el sistema siempre pasa dificultades.

Cuando las dificultades ocurren la solución es simple: o se recorta el gasto y la garantía sobre las situaciones futuras y sobre las que se van a proyectar en el futuro inmediato, o se incrementa el número de cotizantes. Esto exige incentivación de la economía, por un lado, e incentivación del empleo por otro. La promoción del empleo recae, muy a menudo, en la propia Seguridad Social porque nos fijamos en los costes sociales como uno de los elementos cuya reducción coadyuvaría decididamente a la incentivación. Esto vuelve a tensar sobre el esquema financiero, al menos, a corto plazo y hace mayor la crisis de la financiación. De ahí que el Pacto de Toledo tenga siempre la obsesión de la separación de los fondos de la Seguridad Social y las políticas estatales adicionales a la Seguridad Social y cuyo objetivo es el fomento del empleo y de la actividad económica. Esto beneficia al sistema, pero es ajeno a su propia configuración porque eleva el plano hasta el ámbito de la actividad económica en su conjunto.

Llegados a este punto podemos indicar que el anuncio de creación de un fondo de solidaridad intergeneracional y el incremento de la cotización de las empresas y de los trabajadores es, sobre todo, una solución de financiación. Cuando el esquema de reparto no es suficiente solo puede acudirse a la solidaridad general (todos los españoles mediante sus impuestos) o la solidaridad específica (los empleados y los empleadores). Esto es lo que se ha hecho.

Es cierto, sin embargo, que atajar los problemas de solvencia no es arreglar los problemas estructurales del Sistema de Seguridad Social. Demora un problema que pasa por el recorte de gasto, la financiación por impuestos o, el incremento de la financiación porque más personas pasen a financiar el sistema. El problema de la solvencia y la garantía es, por tanto, un desafío económico general. Si hay más número de afiliados o los que hay cotizan más se irá reduciendo la insolvencia provisional que ahora detectamos.

La solución financiera exige proyecciones realistas de evolución económica y de empleo y exige claridad. El sistema precisa de cambios que lo hagan viable. Los ajustes no pueden ser únicamente internos (recortes) sino que tienen que venir de la conjunción de éstos y del incremento de las aportaciones. Financiación y solvencia exigen equilibrios y sus valoraciones suponen riesgos. Incrementar cotizaciones de los actuales en momento de depresión económica mejora la financiación, pero proyecta dificultades para crecer en la mejora de la solvencia definitiva.

La transformación del sistema exige claridad, voluntad, e ideas claras generadas desde el mayor consenso teniendo en cuenta que las decisiones en esta materia no son de una generación sino del conjunto de generaciones. El consenso necesita altura de miras y voluntad de solventar los problemas del conjunto de la sociedad, pero también transparencia y voluntad de establecer las bases de algo más sólido que evite las soluciones coyunturales.