Artur Mas no da la talla

Artur Mas se cree "caza mayor" pero no da la talla. Es un gobernante que ha batido un record de desplantes a la razón democrática. El montaje de su desvarío independentista está basado en un quebrantamiento de la ley y en una descalificación de las instituciones de la democracia. No ha obedecido las sentencias de los tribunales, ha malgastado el dinero de todos los españoles en una operación política alucinada que supone un atraco al patrimonio común de España, ha convocado un referéndum sin tener competencias para ello, ha denigrado a la administración de justicia tachándola de estar sometida al poder político, ha llenado la vida política de tensión y la vida ciudadana de intranquilidad. Ahora se hace la víctima reputándose "caza mayor" pero no es más que un guiñapo de político que se disfraza para seguir intentando el fraude.

La actuación judicial en la sede del partido de Artur Mas, Convergencia y Unión, no es una operación política, cosa que no habría que aclarar si no fuera por la contaminación argumental que está propagando el nacionalismo. Es una actuación judicial que llega extraordinariamente tarde – afirmando el peor vicio de la administración de justicia española- pues el primer indicio de la corrupción de la clase nacionalista gobernante en Cataluña lo dio Pasqual Maragall hace ya más de diez años, en febrero de 2005. Pero es una actuación judicial que la democracia española necesita en su lucha contra la corrupción política, el grave riesgo para nuestra convivencia y nuestro progreso. Durante mucho tiempo, ha habido políticos que han creído vivir en la impunidad, pero ya es hora de que ese clima de privilegio se rompa y pasen por el aro que espera a todo presunto culpable.

Ha tensado Artur Mas tanto la cuerda y durante tanto tiempo sin que se le pusiera freno eficaz que resulta arriesgado pronosticar las consecuencias del último paso de la justicia para su persona y su futuro político. En buena lógica, Mas debería estar caminando por los últimos tramos de su carrera. El estrechamiento del cerco judicial ha inducido a los izquierdistas radicales de la CUP a negarle otra vez su apoyo para ser investido presidente de la autonomía catalana. Para un demócrata moderado, debería ser un alivio que la extrema izquierda le niegue el saludo, pero el delirio político en el que vive Mas va a ver en ello solo una dificultad. El culpable de su actual debilidad es él mismo, que ha ido perdiendo fuerza política en cada maniobra electoral que ha inventado para estirar su deriva independentista. Pero maniobrará hasta el final porque posiblemente piensa que ya no le queda alternativa.

El que tiene alternativa es el Estado, con el Gobierno de Mariano Rajoy en el timón de la respuesta. ¿Respuesta? No es extraño que muchos sonrían al oír el término después de ver a Rajoy repetirse en la defensa de la ley como única alternativa. El respeto a la ley es sustento de la democracia y está bien recordárselo al independentista Mas, por mucho que sea una obviedad para todo demócrata genuino. Pero hay también otras respuestas y no creo exagerado decir que muchos españoles las han deseado y aún las esperan. Estos días se ha puesto en circulación la impresión, llamémoslo así, de que el Gobierno maneja la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite meter las manos en una comunidad autónoma. Enseguida se puso sordina al murmullo, pero Artur Mas sigue recalcitrante en su desafío. Muchos no se explican que el Estado no pueda dar el golpe legal que le corresponde. Sabiendo además que lo importante de la contestación no está simplemente en reducir al desafiador antidemócrata sino en dar seguridades y tranquilizar a los demócratas.