Modelo sistemático de una actuación pública o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla o encauzarla. Esta es la definición que la Real Academia de la Lengua otorga a la palabra plan. En ella podemos encontrar las características básicas que lo diferencian de una mera intención y que no son otras que la sistematización, la anticipación y la dirección para conseguir el objetivo marcado.
Europa ha hablado. Tras varios meses de silencio en Bruselas nuestro Plan Integral de Energía y Clima (PIEC) ha sido evaluado por la máxima autoridad en materia de cumplimiento normativo comunitario. El veredicto ha sido elogioso con un documento llamado a guiar la actuación del próximo Ejecutivo que llegue a la Moncloa. La Comisión Europea considera que es un modelo perfecto de aquello que debemos conseguir en 2030. Pero, ¿este texto es realmente un plan con un modelo sistemático para dirigir la mayor transformación económica que han visto nunca nuestros ojos?
Si debemos buscar un adjetivo que defina la valoración del Ejecutivo comunitario, ese es ambicioso. La ambición siempre es buena. Es el deseo de conseguir algo y en este caso ese algo es tratar de poner orden en un planeta que se nos está yendo de las manos.
Al igual que un plan, la ambición tiene que estar siempre basada en un objetivo. Sin él no hay ambición alguna que ejercer. Es curioso, ya que es la única virtud y a la vez el principal defecto del documento español. Una ambición puede convertirse en un problema si no encuentra la manera de materializarse. Incluso puede llegar a ocasionar una frustración de la que será difícil recuperarse.
Nadie duda de las excelencias de nuestro, así denominado, Plan Integrado de Energía y Clima. Es un programa bien realizado, plenamente motivador y que dibuja unos objetivos que, de alcanzarse, supondrán que España se sitúe como el país con la mejor relación eficiencia energética - competitividad de Europa occidental.
El principal problema del texto remitido a Bruselas está precisamente en su nombre. Es una relación de objetivos, pero no un plan detallado de cómo alcanzarlos. La Comisión, que no tiene un pelo de tonta, ha destacado precisamente su pretensión y ha ensalzado las bondades que promete. Nadie puede oponerse a la sana intención del Ejecutivo en funciones de poner solución a uno de los mayores problemas que nos deben preocupar y ocupar como país.
Sin embargo, a continuación, ha entrado en el fondo de la cuestión y ha advertido al Gobierno, al que sea porque ya uno no sabe a quien puede dirigirse, que detalle, entre otros, tres temas imprescindibles para resolver la ecuación de la transición energética.
En primer lugar, ¿qué vamos a hacer con la energía nuclear en nuestro país? Bruselas pide más información sobre nuestro abandono de una energía que aporta el 20% de la generación eléctrica. ¿Quién sustituirá este hueco? ¿Cómo se producirá el apagón? Son aspectos que no deberían quedar al margen en una política energética nacional seria.
También sería conveniente tener en cuenta la evolución futura de la fisión nuclear como energía primaria sustitutiva de las fósiles. Algo que tanto Madrid como Bruselas olvidan y que, de desarrollarse adecuadamente, puede ser la panacea que garantice seguridad, autonomía e independencia energética a medio y largo plazo.
En segundo lugar, está el coste. Todo esto de la transición energética está muy bien y es necesaria, pero alguien tiene que decir que no va a ser gratis. Por supuesto podemos tener una energía muy verde; es un objetivo que hay que alcanzar, puesto que nos va mucho en ello, pero ¿a qué precio? Es imprescindible detallar los costes y las medidas concretas para asegurar que la producción de energía renovable sea una realidad en nuestro país.
Eso sí, una realidad respaldada por otras que permita a las primeras desarrollarse en plenitud. Sin una energía de respaldo no habrá renovable que venga y valga. En este sentido, el gas, si se excluye la nuclear y el carbón, parece la opción energéticamente más viable y lógica para servir de punto de apoyo a las renovables, sin sacrificar la competitividad de nuestra economía.
La eficiencia y el ahorro energético son el tercer punto crítico puesto encima de la mesa por la Comisión. Nuestro país está a la cola de la UE en estos aspectos. Otros países como Italia, con una economía y clima similares al español, son mucho más eficientes. La energía más barata es la que no se consume y esto es un concepto que al legislador le cuesta asumir. No se trata sólo de crear políticas de comunicación y concienciación sobre el ahorro energético. Hay que invertir claramente en infraestructuras que permitan mejorar la eficiencia de nuestra red eléctrica, empezando por los acumuladores o torres de alta tensión y llegando hasta el último enchufe de nuestros hogares. En conexión con el punto anterior, alguien tendrá que pagarlo.
Este aspecto está íntimamente relacionado con la seguridad de suministro. España necesita imperiosamente unas interconexiones energéticas con Europa, capaces de servir de gestor del sistema y que permitan casar oferta y demanda en un mercado único energético (que no de la energía). Sin ellas cualquier esfuerzo en materia de seguridad del suministro quedará en balde, por mucho que establezcamos unos objetivos tan laudables.
El aspecto más importante e inquietante es precisamente el de los costes. ¿Cuáles van a ser las consecuencias laborales y sociales de una transición energética? ¿Cuántos puestos de trabajo se perderán? ¿Cuántos se generarán? ¿Qué ocurrirá en aquellas regiones altamente dependientes de la extracción del carbón o de las centrales nucleares? ¿Quién subvencionará los gastos de un cambio energético de unas dimensiones tan enormes? En definitiva, alguien debería recordar que nada es gratis y en energía mucho menos.
De aquí que la Comisión no se equivoque al afirmar que nuestro plan es enormemente ambicioso. Sin duda lo es y está bien que lo sea. Ahora hay que concretarlo y estamos a tiempo. Para ello, sería conveniente hacer de la energía y concretamente de la transición energética un proyecto - país. Esto pasa por reunir al sector, al consumidor y a todos los afectados para lanzar una iniciativa horizontal que suponga un punto de inflexión económico y si me apuran político. La futura ley de Cambio Climático será el momento en el que se cristalicen todos los objetivos tan bien plasmados en el PIEC.
Si de verdad creemos que podemos alcanzar esos objetivos, estaremos de acuerdo en que jamás lo conseguiremos desde la acción única del legislador que, por otra parte, lleva casi cinco años sin aparecer por el escenario de la regulación energética.
Es quizá el único proyecto país que necesita de todos y cada uno de los actores económicos y políticos. Sin ese consenso y compromiso únicos, el plan se quedará en eso: un texto ambicioso, pero no un plan. Un bonito ejemplar de irrealismo energético de lo que pudo ser. Hagamos que pase.
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