España año cero: los cuatro elementos que marcarán la legislatura

Por fin tenemos Gobierno. La necesidad del mismo es, quizá, el único punto de coincidencia entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales que conforman España. Así lo manifestaron en el pasado las patronales, los inversores internacionales, los sindicatos, los partidos políticos y gran parte de una ciudadanía que no habría entendido que tuviésemos que 'tripetir' elecciones. España necesita soluciones a los muchos e importantes retos por encarar en el futuro.

Una vez superada esa pantalla, es normal que el punto de discusión no sea otro que la mayor o menor apetencia del color del Gobierno, sus dependencias y obligaciones. En este sentido, España no es menos democrática que el resto de países occidentales cuando, por ejemplo, el partido conservador llega al gobierno en Reino Unido, La República en Marcha lo hace en Francia o la CDU hace lo propio en Alemania. En parte de la sociedad se produce un comportamiento atávico, cercano incluso al futbolístico, y de rechazo que encuentra su explicación en el antropológico “nosotros” y “ellos”.

Hasta aquí todo normal, pero lo cierto es que estamos ante una legislatura histórica en muchos sentidos, especialmente en aquello relativo al Ejecutivo. Empieza un mandato que pone fin a dos años de mandatos en funciones. Acaba un periodo de inseguridad, de mil días de cuasigobiernos desde 2015. También abre las puertas al concepto coalición en España, algo que hace apenas unas semanas era totalmente impensable para el común de los mortales. Todos estos factores, unidos al escaso margen con el que el presidente del Gobierno fue investido, justifican la afirmación de que estamos ante una legislatura histórica.

El tamaño importa. Parece incluso que mucho, dada la necesidad de hacer hueco a sensibilidades diferentes de dos partidos en una misma sala del Consejo de Ministros. Quizá veinte años no son nada, pero veinte Ministerios al menos sorprende ya que de nuevo parece que haremos historia en el que será el segundo Gobierno más grande creado en España desde 1978.

Además de ser histórica en términos cuantitativos, también lo es desde el punto de vista cualitativo. Será una legislatura marcada por el cuestionamiento de los grandes principios que la transición implantó en nuestro país. La inmutabilidad de la Constitución, la separación de poderes, la Monarquía e incluso la unidad territorial española, están en la cúspide de los grandes ‘topics’ políticos que podrían estallar en los próximos años. Lo harán con un gobierno extenso y complejo y carente de la mayoría necesaria en el Congreso para proceder a su profunda revisión, un ejercicio que debería ocupar gran parte de los esfuerzos del legislador “reconstituyente” si de verdad queremos dejar atrás las grandes cuestiones del pasado para centrarnos únicamente en el presente para preparar el futuro.

La Constitución Española prevé su reforma en el título X, que a su vez contempla dos procedimientos revisorios. El primero de ellos requiere una mayoría de 3/5 de nuestras Cámaras, mientras que el segundo, agravado, se refiere al Título preliminar, al Capítulo Segundo de la Sección Primera del Título I, o al Título II. En definitiva, aquellos artículos que regulan los aspectos capitales del texto como los valores básicos del ordenamiento constitucional, los derechos fundamentales y libertades públicas y la Corona. El procedimiento, en este caso agravado, requiere además de las mayorías habituales en la reforma constitucional, la celebración de elecciones y dos consultas a la ciudadanía.

Son elementos que hacen cuando menos improbable que puedan ver la luz en la legislatura actual, pero su debate y entrada en la agenda política está asegurada y supondrán la línea divisoria entre los dos grandes espectros políticos del Congreso.

La separación de poderes es parte inherente del Estado de Derecho. Su garante es el líquido sinovial que facilita el encaje entre los grandes aparatos facticos del Estado. Si en el pasado la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo se materializaban en forma de Reales-Decretos Leyes, que proliferaban por el arco político español por doquier, la arquitectura parlamentaria actual augura un panorama similar pero con una variante de color, rojo o morado, a la hora de su presentación en las Cortes. Con respecto al último de los poderes, el de los jueces, pasada como parece la pantalla de la judiciliación de la política, no quedará más remedio que el retorno a su ser, al de los oscuros despachos de los tribunales reservados para las grandes cuestiones de Estado. Donde el ruido de la política no llegue, aquí brillará la calma de la Justicia, que siempre marcará con sus tiempos o extratiempos el diapasón de la actualidad.

La Monarquía en España ha demostrado ser la única forma política de convivencia pacífica entre españoles en los últimos 90 años. Cuestionarla es lógico y legítimo por su carácter no igualitario, pero su pragmatismo comprobado en un país de nacionalidades, como nexo y elemento garantizador de la igualdad entre ciudadanos, supondrá su mayor fortaleza frente a otras formas de organización política pasadas.

De todos los elementos anteriores, la unidad territorial parece la estrella del 'star system'. El eterno debate entre federalismo y autonomía parece servido y esta vez con claros signos de estar presente en todas y cada una de las grandes decisiones del país. De entre todas las fórmulas de división territorial y soberana que se han manejado hay una que, pese a su aparente oportunidad, no deja de ser la más estrambótica. España es un país de ingenio y también de grandes inventores. La creación de una fórmula basada en el federalismo asimétrico obedece a estas dos cualidades. Una o varias naciones con distintos grados de soberanía en un mismo Estado sería una quimera que rompería el principio esencial del federalismo, basado en la igualdad y el reconocimiento de la soberanía en un ente central: el Estado. Hacer experimentos de laboratorio en la clase de Ciencias Políticas no parece buena idea.

Un artículo político, al igual que un discurso parlamentario, no puede acabar sin una referencia a Azaña. Parece que sus memorias han sido el regalo estrella de estos Reyes Magos. Don Manuel también tenía su lado oscuramente realista. “El enemigo de un español es siempre un español. Al español le gusta tener libertad de decir y pensar lo que se le antoja, pero tolera difícilmente que otro español goce de la misma libertad, y piense y diga lo contrario de lo que él opinaba”. Confiemos que en este caso la historia no se repita y simplemente rime.