Una reflexión sobre la desinformación y los medios para combatirla

En el haber de este Gobierno cabe destacar su apuesta por la revitalización del Consejo de Seguridad Nacional. Este órgano, mediáticamente olvidado hasta la entrada de la Administración Sánchez (y de Iván Redondo), asiste al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional. Es un cuerpo indispensable en la configuración de la inteligencia moderna, que pasa por la integración multidisciplinar de todos aquellos organismos capaces de producir inteligencia útil para el Estado, tanto en su dimensión interna como externa.

La evolución de las amenazas a las que se enfrentan los estados modernos pasa inequívocamente por conflictos en la denominada zona gris. Tratando de simplificar el concepto, Javier Jordán define este espacio como un "espectro del conflicto que media entre la competición pacífica y el conflicto armado". Es el hábitat de la incertidumbre y la inseguridad política por excelencia. Recuerda en cierto modo a las estrategias de provocación previa a un encontronazo violento. No llegan a ser agresiones directas, pero pueden ser los preliminares a la misma. La simple hostilidad no supone conflicto alguno, pero la acumulación de acciones con carácter intencionado puede derivar en un enfrentamiento a gran escala si no se interponen medios adecuados para controlar las tácticas del enfrentamiento en la denominada zona gris.

Quizá el principal teatro de operaciones en el que se desarrollan los conflictos en la zona gris es la desinformación. Su lucha contra ella está en la agenda de las principales agencias de inteligencia internacionales. La desinformación, tal y como establece la Comunicación de la Comisión Europea de 2018, debe ser entendida como "una información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público".

Las diferencias fundamentales con respecto a las ‘fake news’ radican precisamente en ese carácter lucrativo, en el daño que ocasionan al Estado y en su origen intelectual "externo". Las noticias falsas mutarían en desinformación en el mismo momento en que se dieran esas tres condiciones en las que, para entendernos, el meme cotidiano podría transformarse en un arma contra el Estado si su procedencia obedeciera a un tercer país o un actor no estatal, provocara daños irreparables a la nación y generara un beneficio (moral o pecuniario) a su autor.

La desinformación, entendida como estrategia gris de actuación de un tercer Estado, incluye múltiples tácticas como el empleo de ‘ciberwarriors’, inteligencia económica, tácticas de espionaje convencional, influencia política, propaganda, sabotajes encubiertos, etcétera. Todas estas características fructifican en un contenido (Bayer, 2019) diseñado para ser falso desde su origen, con la intención consciente de engañar, centrada en asuntos de interés público y estratégicamente difundidos a través de técnicas de microtargeting, bots, etcétera.

En este contexto, el Gobierno ha aprobado la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Dada la naturaleza jurídica del Consejo, la aplicación de sus disposiciones y acuerdos necesitan un refrendo ministerial que, en este caso, recae en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

El texto trata de obedecer a los continuos llamamientos de la Unión Europea que, desde 2015, insta a los estados miembros a contribuir contra las amenazas híbridas, estableciendo un código de buenas prácticas y un plan de acción contra la desinformación. Todos estos documentos y textos jurídico-políticos forman el armazón de la Orden que desarrolla el Procedimiento de actuación aprobado por el CSN.

Hasta aquí el relato obedece a una lógica jurídica y estratégica de vital importancia para el conjunto de la Unión Europea. Cada Estado debe implementar una posición propia, siempre respetando las orientaciones de Bruselas, en la lucha contra la desinformación y las amenazas híbridas. Sin embargo, admitiendo la necesidad de la Orden, surgen lagunas en cuanto a su legitimación y a los actores encargados de "establecer los niveles para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta y evaluación ante la desinformación".

En concreto, se señala como complemento a las autoridades públicas competentes en esta materia, entre otras, a la Secretaría de Estado de Comunicación y a los gabinetes de comunicación de "ministerios y otros órganos relevantes", dotándolas de poder para "solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación".

En cierta manera, se establece un sistema preventivo de calificación de las comunicaciones que puedan realizar la labor de desinformación. Hasta aquí de nuevo todo normal. El Estado debe dotarse de los mecanismos necesarios para para contrarrestar las injerencias de un tercero en la vida política nacional, según admite la Unión Europea. De la literalidad de la orden se desprende que un gabinete ministerial podría, por ejemplo, solicitar la colaboración de cualquier plataforma social, Facebook, Twitter, Google, etcétera, para responder limitando la difusión de un contenido potencialmente peligroso para la seguridad del Estado. El fin se justifica por sí solo. Cualquier amenaza, gris o azul, contra la nación debe ser siempre vigilada, pero el problema estriba en la delgada línea que separa la desinformación de la libertad de prensa y expresión y que en este caso no puede quedar al arbitrio de una de las partes en el complejo juego relacional entre gabinetes de prensa oficiales y medios de comunicación.

Desde un punto de vista técnico, la Orden especifica correctamente los niveles que correlativamente se activan en la lucha contra la desinformación. En su nivel 2 se puede incluso llegar a la decisión para la realización de una "campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de la campaña de desinformación". Un aspecto este que necesita de mayor detalle para analizar las posibles interferencias en la ley de contratos públicos, que necesitaría ser reformada para actuar en tiempo y forma ante unas amenazas que no conocen de plazos administrativos.

El aspecto más polémico reside en la atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer Estado. Como más arriba se ha mencionado, el origen de una desinformación es vital para poder hablar con propiedad de conflictos en la zona gris. Es trascendente desde el mismo momento que justifica todo el alcance del Procedimiento y que aparece en el último de los niveles. Antes de llegar a este, la susceptibilidad de la desinformación puede llegar a originar la monitorización, la vigilancia, su remisión al Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea, la investigación sobre su origen y el propósito y seguimiento de la actividad identificada. Toda una retahíla de acciones preventivas con consecuencias directas sobre la libertad de información y que Europa en ningún momento anima - y esto es lo más relevante - a integrarla en la unidad encargada de asumir la política informativa del Gobierno.

Por último, cabe destacar que el intercambio de información con el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (RAS) recaerá en exclusiva de nuevo en la Secretaría de Estado de Comunicación. Un aspecto peculiar por su confrontación con el protagonismo que tiene y debe tener el Departamento de Seguridad Nacional como único contacto legitimado, al igual que ocurre con los puntos de contacto del resto de países que hasta el momento han designado oficialmente a sus enlaces ante la unidad de seguridad europea.

La lucha contra la desinformación es sin duda uno de los principales retos que España y la Unión Europea deben afrontar. No es una cuestión menor. Las elecciones nacionales en España, Italia o Reino Unido, los episodios desinformativos en Cataluña o la crisis pandémica han sido objeto de interferencia de potencias extranjeras, como así ha venido advirtiendo reiteradamente la propia Unión Europea. No obstante, para su correcto despliegue, debe ajustarse, con mayor rigor si cabe, a los requerimientos democráticos que se desean proteger y que deberían incluir también el control parlamentario de la actividad del Ejecutivo, algo que en esta ocasión no se producirá debido al Estado de alarma en un Estado ya de por sí bastante alarmado por órdenes tan polémicas como estas.