El TC da una lección sobre democracia a los independentistas catalanes

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara nula la resolución independentista del Parlamento catalán es un rapapolvo categórico a unos políticos que se dicen demócratas mientras se conciertan para burlarse del derecho y saltarse la ley. Es de una lógica espléndida y puede entenderla todo el mundo aunque a veces el lenguaje jurídico, inevitable, obligue a leer con mayor detenimiento. Pone en su lugar la enorme fechoría de los independentistas al subrayar sus incongruencias y sus sinrazones. Y defiende la preeminencia de la ley y la sujeción a derecho del poder público con el fin de evitar –dice- un “daño irreparable para la libertad de los ciudadanos”.

Con una extensión de 33 folios, la sentencia es una lección de democracia a los independentistas catalanes, a quienes recuerda que la ley hay que cumplirla, que puede ser cambiada, naturalmente, pero por el procedimiento establecido en la propia ley no mediante ilegalidades, y que mientras está vigente es obligación de todos cumplirla. Y en ese todos incluye, como es lógico, a los representantes públicos y a los responsables de todas las instituciones del Estado, entre las que se encuentran el Parlamento autonómico y la Generalidad de Cataluña.

El punto nuclear del razonamiento del Tribunal es la pertenencia de la soberanía a “un sujeto unitario, el pueblo español”, del que “emanan, por ello, los poderes del Estado”. Esto se contiene en el artículo 1.2 de la Constitución (“la soberanía nacional reside en el pueblo español”), de lo que se deriva o “conlleva necesariamente su unidad” contemplada en el artículo 2 (“la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”).

La sentencia manifiesta que la resolución independentista impugnada por el Gobierno “desconoce y vulnera las normas constitucionales” sobre la soberanía nacional y, al oponerse y rechazar la Constitución, llega al absurdo de trastocar “la propia legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña”, ya que es la misma Constitución que combaten la que lo reconoce y ampara. El Parlamento catalán puede proponer o solicitar la reforma constitucional pero no puede – resuelve el Tribunal- “erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad”. Eso sería la culminación de la incoherencia porque de ese modo el Parlament “socavaría su propio fundamento constitucional y estatutario”.

O sea, al pretender ignorar el principio básico de la democracia española, los independentistas echan por tierra la Constitución de la que emanan las propias instituciones autonómicas, pues no se puede superponer “el supuesto alcance del ‘mandato democrático’ recibido por el Parlamento de Cataluña” en las elecciones autonómicas a la “legalidad y legitimidad de las instituciones del Estado”. Dicho de otro modo, una parte de un Estado no puede arrogarse la capacidad de decidir por su cuenta la reforma del Estado, pues eso habría de pasar por incumplir la ley democrática lo que le convertiría en un poder antidemocrático.

Esto quiere decir que Artur Mas y sus colegas de Esquerra Republicana, más los secesionistas encuadrados en otras organizaciones, iniciaron una maniobra antidemocrática, a la que se opuso el Gobierno con la apelación constante al imperio de la ley y a la que ahora pone freno el Constitucional. Este debe ser el final de la escapada de los independentistas catalanes. Si persisten en su intentona, el Estado lespasará la factura legal correspondiente. Es lo que deben entender de la reconvención severa que se contiene en una sentencia terminante y unánime, firmada por todos los magistrado del Tribunal sin excepción.