El 'oficio' de los jueces, las hipotecas y el servicio a los ciudadanos

Cada día es más difícil ser juez en un país desarrollado y en la antesala de una revolución tecnológica, donde todo el conocimiento posible llega a cualquier sitio de forma cuasi inmediata y los medios para opinar sobre todo, con o sin fundamento, son infinitos. Si además se trata de jueces del Tribunal Supremo, cuyas decisiones son susceptibles de marcar cambios legislativos trascendentales para el desarrollo social o encauzar nuevos fenómenos políticos como el 'proces' catalán, esa imagen tradicional del juez como reencarnación del ‘poder bueno’ que pone las cosas en su sitio, alcanza dimensiones de vértigo.

El conflicto en el que ha entrado el Tribunal Supremo con la sentencia de las hipotecas ha puesto de manifiesto los cambios que se están generando en el seno de la judicatura, con unas magistraturas mucho más plurales que hace apenas tres décadas, cuyos componentes tienen unas sensibilidades políticas y culturales que, no hace tanto, estaban ausentes. Así se pone de relieve precisamente en un libro coordinado por el propio presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo, ahora en entredicho por la polémica sentencia del impuesto de las hipotecas que analizaba “El Oficio de Jurista” (Editorial Siglo XXI, 2006). En la misma obra y de modo transversal, el experto en sociología jurídica y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, refuerza esa tesis al advertir que apenas un 46% de los jueces españoles tienen más de 40 años, un porcentaje que en la década de los setenta, cuando se aprobó la Constitución, era de más del 86%.

Es seguro que los jueces que han colocado a los bancos la obligación de pagar el AJD de las hipotecas eran conscientes de la trascendencia de la decisión que tomaban, en la que ha pesado lo que en el libro mencionado se considera el “poder de disposición” que tienen, es decir, esa parte de la decisión (sentencia) que no queda cubierta por el rigor legal y la literalidad de la norma, y que depende más del “un rigurosos ejercicio de autoconsciencia un comprometido esfuerzo de transparencia en la motivación”. Esa parte de la obra, referida a los jueces y elaborada por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, advierte que ese nuevo ‘modus operandi’ exige “un replanteamiento profundo del modelo de juez en los planos cultural y deontológico”, a la vista del “intenso despertar actual de una viva preocupación por la ética judicial”.

Es seguro que toda esta carga de realidad que le está cayendo al Tribunal Supremo va a pesar en el Pleno que la Sala Tercera celebra este lunes sobre las hipotecas, y no es de extrañar que, por ello, algunos magistrados, más de este siglo que del pasado, hayan planteado que se analice por delante la validez o no de la reunión, en busca de una mejora en el funcionamiento de la institución. No puede ocurrir que ante la publicación de una sentencia en marcha de trascendencia conocida y de alto impacto social, que debe ir directamente al Pleno para sentar (o no) jurisprudencia, se rompan todas las costuras por la simple razón de que los dos altos responsables que deberían estar  ‘in vigilando’ su desarrollo (presidente de la Sala y presidente del Tribunal) estaban de viaje. A estas alturas y si quieren recomponer una situación bajo mínimos en materia de reputación, habría que saber incluso dónde fueron, a que y como no se enteraron de la que se estaba montando.

Haciendo gala de ese nuevo paradigma en el que se desarrolla la función judicial (los jueces al servicio de la sociedad en toda su diversidad), los magistrados de la Sala Segunda tampoco deben cegarse en el método y las represalias, de forma que la decisión sobre las hipotecas quede de nuevo relegada en el tiempo, cuando de ello depende en la actualidad el devenir de muchas familias pendientes de tener una hipoteca, bien informados y con los trámites paralizados a la espera de los jueces. Al fin y al cabo, ya sea en el precio del banco o de forma directa con el Fisco, quienes van a pagar el AJD vamos a seguir siendo los ciudadanos, con lo que tomar una decisión rápida, segura y bien acotada sería una buena manera de poner fin a un problema absurdo que nos hemos generado nosotros mismos, con la inestimable ayuda de los jueces.

Una solución eficaz promovida desde el propio Tribunal Supremo sería una buena forma de olvidar el viejo falso tópico del ‘gobierno de los jueces’ (que solo responde al aumento de trabajo que les genera la corrupción política, la ingeniería contable y el auge del independentismo), para llegar a una imagen de los jueces al servicio de las personas, comprometidos con la ética de una profesión básica para el progreso social y capaces de resolver problemas, más que de crearlos.