Instintos básicos y falacias inmortales

En muchos debates académicos y de otro tipo se suelen repetir argumentaciones que parecen de sentido común pero que cuando se analizan con rigor y se enfrentan a los datos resultan ser notoriamente falsas. A pesar de ello, perduran y persisten y no hay manera de hacerlas desaparecer. Milton Friedman los llamaba “viejas falacias”; Paul Krugman los llama “ideas zombies”.

Que se utilicen argumentos desmontados muchas veces para defender determinadas posiciones es frecuente. Suelen ser afirmaciones simples y directas que apelan a nuestros instintos básicos y que se aceptan como perogrulladas. Cuando responsables políticos se aferran a ellas irreflexivamente, lo más preocupante no es la demostración del desconocimiento sobre principios analíticos fundamentales, sino la prueba sin tapujos de su falta de voluntad para acometer las urgentes reformas que se necesitan en las circunstancias actuales.

En los últimos días hemos visto revivir algunos argumentos de este tipo con motivo de los debates sobre las reformas laboral y de las pensiones, asuntos prioritarios en la agenda política porque, además de su relevancia y urgencia, condicionan la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, más conocido como Plan 'España puede' bajo el que llegarán los fondos europeos del Programa Next Generation EU. Ambas destacan por su recurrencia y lo evidente de su falsedad.

La reforma de las pensiones lleva años pendiente y sigue avanzando mucho más lentamente de lo que sería conveniente y no siempre en la dirección correcta. El ministro del ramo ha insistido, entre otras cosas, en la necesidad de conseguir que la edad media efectiva de jubilación (ahora alrededor de 64 años pero disminuyendo como siempre ha ocurrido en las recesiones) se aproxime lo más posible a la edad legal (65 años para los trabajadores con carreras de cotización superiores a 38 años y 6 meses, y 67 años para los demás, una vez que en 2027 entre en pleno funcionamiento la última reforma de 2013). Ante tal insistencia han surgido reacciones muy adversas que aducen que “el retraso en la salida del mercado de trabajo de los trabajadores mayores perjudicaría seriamente las oportunidades de empleo de los jóvenes”.

A primera vista, parece algo evidente: si un trabajador se jubila, su empresa necesitará contratar a otra persona (normalmente joven) para sustituirla. Incluso existe una figura contractual (el contrato de relevo) para incentivar dicha sustitución. En realidad, es una falacia (que se conoce como “la cantidad fija de trabajo”) basada en la falsa idea de que el número de puestos de trabajo está determinado exógenamente y que estos se ocupan como en el juego de las sillas musicales. Si así fuera, los trabajadores mayores impedirían el acceso al empleo de los jóvenes, los inmigrantes nos robarían los puestos de trabajo y el empleo femenino empeoraría las oportunidades laborales de los varones.

Sin embargo, el empleo no es fijo. Depende de los determinantes de la demanda de trabajo de las empresas (costes laborales unitarios y demanda de sus productos) y los de las horas deseadas de trabajo de los individuos activos en el mercado de trabajo (renta laboral y preferencias por el ocio). Y para determinar como evoluciona hace falta algo más que aplicar la operación de división que se enseña en los colegios. De hecho, lo que se observa en las comparaciones internacionales es que las tasas de empleo de jóvenes son altas en países donde las de los mayores también lo son y no al revés.

La segunda falacia que ha revivido en los últimos días se refiere a la reforma laboral. En este caso la resistencia es a modernizar la legislación laboral mejorando algunos aspectos lesivos de la reforma de 2012 (que sí que los hay) y, en su lugar, derogarla completamente. Cuando se señala que la vuelta al pasado significa retomar una legislación laboral que provocó que la tasa de paro en España haya estado persistentemente entre las mayores de Europa, se dice que “esa legislación laboral no puede ser la causa del desempleo porque, siendo igual en todas las comunidades autónomas, las tasas de paro son muy diferentes entre ellas”. Aquí, además, se combina falacia con contradicción, porque para mejorar otros resultados del mercado de trabajo (salarios, horas de trabajo, otras condiciones de empleo) se considera imprescindible cambiar dicha legislación laboral (aun cuando las diferencias salariales entre Comunidades Autónomas son incluso mayores que las de la tasa de paro).

De nuevo, como la de la cantidad fija de trabajo, esta falacia también apela al instinto básico: si algo es causa de otra cosa, debería producir siempre los mismos resultados. Pero se olvida que, en (casi) todos los órdenes de la vida, los resultados son producto de una combinación de factores que interactúan entre sí. En otras palabras, la tasa de paro, los salarios y otras condiciones de empleo que observamos en cada comunidad autónoma son el resultado de imponer una determinada legislación laboral a zonas con poblaciones y características muy diferentes. No tiene pues sentido negar las consecuencias de la legislación laboral sobre el funcionamiento del mercado de trabajo aduciendo, por ejemplo, que los resultados son diferentes en Andalucía que en Cataluña, como no tiene sentido negar la eficacia de las vacunas alegando que no a todos nos protegen por igual.

En definitiva, abundan las falacias económicas que, como los viejos roqueros, nunca mueren. Conviene identificarlas y ser conscientes de las razones espurias por las que se siguen utilizandolas.