Domingo, 23.09.2018 - 01:12 h
En la frontera

Bombas cargadas de hipocresía, un arma letal

España siempre ha fabricado buenas armas. Hasta los romanos se apropiaron de la falcata ibérica para diseñar su gladius, la cuchilla que conquistó un imperio. Aquí siempre se han mimado mucho las cosas relacionadas con la guerra. Se nota en el lenguaje: los negocios “van como un tiro”; se sueltan noticias “bomba” y se celebran acontecimientos con “explosiones de júbilo”. Hasta en la liga de fútbol, en primera división, compite un equipo, el Eibar, al que algunos comentaristas floridos todavía definen como el “equipo armero”.

La industria armamentística ha cambiado mucho. Eibar ya no es lo que era como centro de producción armera, pero España se mantiene como país destacado en el negocio: es el séptimo exportador de armas en el mundo, con 4.346,7 millones de euros en ventas al exterior en 2017, según la Secretaría de Estado de Comercio. Es un negocio tan grande, como polémico y poco transparente. La ley española de comercio de armas solo obliga al Gobierno a informar de los países a los que se exporta armas y del importe de la exportación en euros. Ni datos de empresas, ni detalle sobre el material vendido.

El sector tiene su patronal, Tedae (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio). Son 78 empresas que facturan en torno a los 11.000 millones de euros anuales y emplean a más de 50.000 personas. Entre los asociados figura Navantia, la empresa pública que tiene un contrato con Arabia Saudí para construir cinco corbetas –material de guerra- por importe de 1.800 millones.

El contrato es fundamental para el empleo en los astilleros de Cádiz (27% de desempleo en la provincia) y ha estado a punto de naufragar por la objeciones del Ministerio de Defensa a vender a los saudíes 400 bombas de precisión por nueve millones de euros. Los reparos del departamento de Margarita Robles a vender material que podría ser utilizado contra civiles en Yemen, cayeron como una bomba. En Navantia y en la política. Ha sido una bomba cargada de hipocresía que al estallar ha arrancado caretas.

Botadura de un navío militar en los astilleros de Cádiz.
Botadura de un navío militar en los astilleros de Cádiz. / EFE / ROMÄN RÍOS

El alcalde Cádiz, José Manuel González (Kichi), de Podemos, ha tenido que tragar un sapo amargo, empapado de real-politik. Se ha visto obligado a defender el contrato de la corbetas para salvar una actividad que emplea a 6.000 trabajadores. El argumento del alcalde: "Si no hacemos nosotros los barcos, los harán otros". Una verónica torera a los principios de la formación a la que pertenece y una salida forzada a lo que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de “dilema imposible”.

El Gobierno no ha resuelto ese dilema que él mismo planteó. Ha dado marcha atrás y ha acabado por vender las bombas -de precisión, guiadas por láser- a Riad. Por el camino han caído más caretas. La ministra Robles ha renunciado a extender cheques que su cuenta política no puede pagar y un político cabal como el ministro de Exteriores, José Borrell, ha tenido que renunciar al rigor intelectual que casi siempre ha demostrado para defender lo indefendible.

Según explicó Borrell al justificar la marcha atrás gubernamental, las bombas se pueden vender a los saudíes porque al estar guiadas por láser impactan donde quiere el atacante con una precisión de más o menos un metro, lo que evitará tragedias y errores. Al ser armas precisas, abundó la ministra portavoz Celaá, no matarán yemeníes.

Humor al margen, el caso de las bombas cargadas de hipocresía revela que la industria armamentística mantiene un gran peso en la política y la economía del país. Como ha sucedido siempre. Así se explica que políticos como Eduardo Serra mantuvieran presencia e influencia en todos los Gobiernos que se sucedieron durante un cuarto de siglo, desde el año 1977 hasta el 2000; de UCD al PSOE, pasando por el PP, que le nombró ministro en 1996.

Nadie explicó jamás como Serra la compra de aviones a EE UU –el programa FACA de mediados de los 80-. España compraba aeronaves de combate; era la mayor inversión de la historia del Ministerio de Defensa, pero cuando Serra explicaba la operación parecía que Estados Unidos regalaba a España los aviones F18, complementos incluidos.

La influencia de ese lobby poco conocido pesó en otros nombramientos, como el de Pedro Morenés como titular de Defensa entre 2011 y 2016 y al que el hoy ministro de Fomento, José Luis Ábalos, entonces en la oposición, acusó de favorecer con contratos a empresas de armamento de las que fue consejero. Morenés, por cierto, fue el secretario de Estado de Defensa de Serra entre 1996 y 2000.

En el negocio de las armas, las caras desconocidas no son bienvenidas y los senderos que llevan a las grandes operaciones no se ven. En muchas ocasiones los oculta la hipocresía. En palabras del ministro de Exteriores Borrell: "El Gobierno toma decisiones que a veces son complejas". Pero no es verdad. Las razones últimas son sencillas. Unos y ceros.

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