Los números de la solidaridad del autoconsumo

El pasado 18 de octubre el Congreso de los Diputados daba el visto bueno a la eliminación de las barreras administrativas y económicas al autoabastecimiento con energías renovables en España. Acababa con el tristemente famoso Impuesto al Sol y la carísima carga burocrática a la que están sometidas las personas que quieren ser autoconsumidoras. Y, además, tras tres años de sinsentido, abría de nuevo las puertas al autoconsumo compartido entre diferentes usuarios.

La solidaridad o insolidaridad de las personas que se autoabastecen de electricidad con energías renovables ha sido largamente discutida en los últimos años y quizás sea el momento de recordar con números que el autoconsumo es un acto de solidaridad con los demás consumidores.

El estudio 'Desmontando el impuesto al sol' de Greenpeace ha puesto números a esa generosidad: 1.770 millones de euros al año, si el 40% de hogares y pymes se acogen al autoconsumo. Cada hogar con una pequeña instalación de autoconsumo regala a la red eléctrica, a la sociedad española y al Medio Ambiente 440 euros cada año sin pedir nada a cambio. Porque este valor positivo no mide cuánto vale la electricidad que genera en el mercado ni cuánto ahorran estas personas en su factura sino cuánto nos ahorramos todas las demás gracias a su iniciativa.

Además de pagar todos los impuestos y costes del sistema eléctrico como todos los demás usuarios conectados a la red eléctrica, los autoconsumidores reducen las importaciones de combustibles fósiles, su quema, inversiones en otras tecnologías caras y contaminantes, reducen las pérdidas del transporte de la red y al mismo tiempo luchan contra el Cambio Climático.

Ese estudio ha cuantificado el valor añadido neto positivo del autoconsumo en 59 €/MWh. Esto significa que la aportación del autoconsumo supera con creces los costes incurridos en la red eléctrica o la moderación de ingresos a través de la factura eléctrica contra la que tanto han clamado las eléctricas hasta conseguir que el anterior Gobierno impusiera el Impuesto al Sol. De hecho el estudio muestra que, incluso suponiendo una fuerte penetración del autoconsumo, las inversiones adicionales necesarias para mejorar las redes de distribución serían insignificantes (2 €/MWh) en comparación con los beneficios aportados.

Y además, esas mismas personas contribuirían a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 10 millones de toneladas anuales con un ahorro de 500 millones de euros cada año en derechos de emisiones (i).

El Impuesto al Sol nunca tuvo sentido y es un paso fundamental que el Congreso haya respaldado su eliminación para todas las instalaciones en España. No solo porque lo dice la nueva Directiva europea de Energías Renovables sino porque es justo.

Y también porque, si Gobierno y Congreso quieren promover medidas para reducir la factura de la electricidad y contra la pobreza energética, es esencial que el autoconsumo sea tratado de forma justa facilitando que las administraciones públicas puedan invertir en autoconsumo para apoyar a familias vulnerables. Grecia lo hace de manera muy creativa permitiendo que las instalaciones renovables en los tejados públicos puedan abastecer gratuitamente de electricidad a las familias en esta situación. La buena noticia es que desde hace dos semanas sabemos que se abre la posibilidad de estudiar esta posibilidad del autoconsumo virtual de proximidad también aquí en España.

¿Y cuánto ahorraría el Estado si fuera autoconsumidor? Gracias al mapeo social que ha contado con la colaboración de más de 600 participantes identificando y midiendo los tejados de los edificios de la Administración Pública Central, ha sido posible estimar el potencial solar de 900 de estos edificios (10% del total del parque). En ellos hay una superficie disponible para paneles solares equivalente a 57 campos de fútbol que, de ser instalados, podrían producir unos 92 GWh/año de electricidad limpia. Solo con ello se reducirían las emisiones de CO2 en una cantidad equivalente a sacar de la carretera 280.000 coches.

Grosso modo: a cambio de una inversión de unos 100 millones euros, la administración ahorraría en 25 años unos 300 millones de euros, una vez descontada la inversión, en sus facturas de la luz.

Adicionalmente, además de un ahorro para el presupuesto de la Administración, estas instalaciones aportarían un valor añadido a toda la sociedad, el Medio Ambiente y el sistema eléctrico de 5,4 millones de euros al año durante su vida útil (en torno a 25 años) en reducción de emisiones de CO2, importaciones de combustibles fósiles e inversiones en energías contaminantes.

Los ayuntamientos, como ocurre muchas veces, se han adelantado a la visión necesaria de la democratización de la energía. Muchos quieren dejar de ser, al menos en parte, dependientes energéticamente y han empezado a hacer lo que está en sus manos para favorecer el autoconsumo. Por ejemplo, el 60% de las ciudades mayores de 100.000 habitantes ofrecen facilidades fiscales por autoconsumir, tal y como hemos identificado en el último estudio de la Fundación Renovables sobre estas medidas que los diferentes ayuntamientos españoles recogen en sus normativas.

Se abre todo un abanico de posibilidades para recuperar el tiempo perdido en la lucha contra el Cambio Climático y construir todo un nuevo modelo de participación alrededor de las energías renovables. Tenemos que conseguir que los evidentes beneficios de las renovables y el autoconsumo lleguen a todo el mundo.

i. Considerando un precio de las emisiones de CO2 evitadas en línea con el escenario de Desarrollo Sostenible del World Energy Outlook 2017 publicado por la Agencia Internacional de la Energía (58 €/tCO2 en 2030).