El PSOE-A dice que la sentencia del TS 'deja en evidencia y desenmascara las falacias' argumentales del PP

El secretario de Educación del PSOE-A, Ángel Gallego, puso hoy de manifiesto que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en la que respalda la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) 'deja en evidencia y desenmascara las falacias jurídicas y políticas de los argumentos' del PP.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS) El secretario de Educación del PSOE-A, Ángel Gallego, puso hoy de manifiesto que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en la que respalda la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) 'deja en evidencia y desenmascara las falacias jurídicas y políticas de los argumentos' del PP. En declaraciones a Europa Press, Gallego subrayó que el fallo del Supremo --en el que de nuevo insiste en que no cabe inculcar opiniones sobre cuestiones controvertidas-- 'viene a desmontar y a desenmascarar las falacias argumentales del PP y de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica'. En este sentido, el dirigente socialista subrayó además que la sentencia 'viene a avalar la postura ya mantenida' desde el PSOE-A 'y es un triunfo del Estado democrático y de derecho', señalando que el PP 'ha venido hablando de adoctrinamiento, cuando EpC lo que hace es dar cuenta de valores y principios constitucionales como el pluralismo o la igualdad'. El Tribunal Supremo vuelve a respaldar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) en una nueva sentencia parcialmente estimatoria de un recurso de la Junta de Andalucía, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, en la que de nuevo insiste también en que no cabe inculcar opiniones sobre cuestiones controvertidas. El texto reitera su rechazo a que los padres puedan objetar a esta materia y obliga a los alumnos a asistir a clase, al igual que lo hacen otras cuatro sentencias del Alto Tribunal hechas públicas en el mes de febrero. Sin embargo, precisa que esta decisión 'no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas'.

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