EpC.- Padres de alumnos piden anular la nueva sentencia del TS porque no se les trasladaron los recursos de casación

  • El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura, informó hoy de que pedirá la nulidad de la última sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a respaldar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), al considerarla 'nula de pleno derecho por vulnerar los principios de tutela judicial efectiva y causar indefensión'.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS) El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura, informó hoy de que pedirá la nulidad de la última sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a respaldar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), al considerarla "nula de pleno derecho por vulnerar los principios de tutela judicial efectiva y causar indefensión". Según indicó el propio Seco a Europa Press, el TS ha incurrido en dicha vulneración al "no haber dado traslado de los recursos de casación" al colectivo afectado, por lo que éste "no ha podido formular la correspondiente oposición a los argumentos formulados por la Administración". Tal y como indicó el abogado, la sentencia "no tiene ninguna validez", por lo que será "debidamente recurrida en próximas fechas". El Tribunal Supremo ha vuelto a respaldar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) en una nueva sentencia parcialmente estimatoria de un recurso de la Junta de Andalucía, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, en la que de nuevo insiste también en que no cabe inculcar opiniones sobre cuestiones controvertidas. El texto reitera su rechazo a que los padres puedan objetar a esta materia y obliga a los alumnos a asistir a clase, al igual que lo hacen otras cuatro sentencias del Alto Tribunal hechas públicas en el mes de febrero. Sin embargo, precisa que esta decisión "no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas".

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