Gijón.- La alcaldesa notifica al PP la destitución de su representante en el Consejo de Administración de la EMA

GIJÓN, 10 (EUROPA PRESS) El concejal de Promoción Económica e Innovación, José María Pérez, anunció hoy, en rueda de prensa en el Ayuntamiento, que se notificó al Partido Popular (PP), durante la celebración de la Junta de Portavoces de hoy, la propuesta de destitución de su representante en el Consejo de Administración de la EMA (Empresa Municipal de Agua), Eduardo Junquera, por no cumplir con su obligación de "confidencialidad y discreción" al facilitar información interna de la empresa y difundirla a través de los medios de comunicación. La medida, que viene a raíz de la denuncia ante la Fiscalía por los supuestos tratos de favor al ex concejal del PP Emilio Noval, uno de los ediles 'críticos' de la anterior legislatura, en lo que se refiere a licitaciones de la empresa, será propuesta en la Junta General Extraordinaria de la EMA de este viernes, que deberá ser refrendada en el Pleno Municipal, tras lo que el PP tendrá la opción de proponer un nuevo representante. La decisión tomada por la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, está refrendada por un dictamen encargado al catedrático de Derecho Mercantil Ángel Rojo, de reconocido prestigio, según el concejal. El edil recordó que la regidora había advertido al PP que este tipo de comportamientos "no eran admisibles" y que no iba a consentir que se implicara al Ayuntamiento en la "guerra que tienen montada el PP y sus críticos". Según Pérez, el dictamen deja "absolutamente claro" que se estaban incumpliendo las obligaciones que como consejero afectaban al representante del PP, al no actuar de manera "fiel". Pérez añadió que ante cualquier posible cuestión irregular en la empresa se tiene que seguir un procedimiento que en ninguno caso supone utilizar de medios comunicación o utilizar datos de un tercero que puedan tener consecuencias para la empresa, al deteriorarse la imagen de ésta. El edil destacó que si las personas afectadas hubieran querido denunciar a la empresa, la sanción mínima por infracción de protección de datos es de 60.000 euros, aunque puede llegar hasta los 600.000 euros.