Otras cuatro personas declaran ante el juez por su presunta relación con la trama de La Muela

Zaragoza, 26 mar (EFE).- El titular del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha tomado hoy declaración a otras cuatro personas por su presunta relación con la trama de corrupción urbanística de La Muela, por la que ha sido encarcelada su alcaldesa, María Victoria Pinilla.

Se trata de Joaquín G.C. y Miguel C.C., de la empresa Brocover, cuyo administrador, José Carlos Fernández Delgado, se encuentra en prisión por esta causa, y de Domingo F.D. y José F.M., detenidos en Madrid y San Javier (Murcia), respectivamente, el 18 de marzo.

Según fuentes judiciales, para la próxima semana se espera que el juez llame a declarar a otras cuatro personas, el abogado Fernando Della-Casa Dulanto, que ejerce como secretario en el Consistorio de Cuarte de Huerva y como asesor legal de La Muela; la policía local Neila U.U.; y los empresarios Fernando L.R. y Modesto B.G.

En total hay 25 personas imputadas por su presunta relación con la trama, y 17 ya declararon ante el juez durante el fin de semana, tres de las cuales fueron enviadas a prisión: la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla; el concejal del PAR Juan Carlos Rodrigo y el empresario José Carlos Fernández Delgado.

Por su parte, el presidente de la empresa urbanística Aranade, Julián de Miguel, quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de 120.000 euros y los otros trece en libertad con cargos, entre ellos el marido de la alcaldesa, Antonio Embarba; su hijo Víctor Embarba, y su primo, Carmelo Aured.

Los demás imputados en libertad con cargos son el arquitecto municipal, Francisco Núñez del Castillo; el secretario del Ayuntamiento, Luis Ruiz Martínez; el escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Antonio Royo, y la madre de éste, María Jesús Velilla, y los promotores y constructores Vicente R.L., Isidro V., Antonio F., Luis M.L., Francisco Aranburu, y Miguel Ángel G.C.

Mientras tanto, en La Muela se intenta volver a la normalidad y al frente del Ayuntamiento ha quedado la alcaldesa accidental, Miriam Fajardo, quien había convocado para hoy una reunión en el Consistorio a la que se esperaba la asistencia de todos los concejales.

Finalmente, Fajardo la suspendió "porque se había enterado la prensa", según ha explicado en declaraciones a EFE la portavoz del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de La Muela, Marisol Aured, quien ha señalado que con esta reunión se pretendía debatir la actual situación.

"Hay que seguir trabajando", ha insistido la concejal popular, al tiempo que ha opinado que "lo más adecuado para el bien del pueblo" es la formación de una comisión gestora, ya que "sería imparcial, decidiría lo que hay que hacer sin tener en cuenta quien es familia de quien, sin sentimentalismos".

La situación en el Ayuntamiento estos últimos años ha sido "durísima" para las personas que no estaban en el círculo de María Victoria Pinilla, y lo que ha ocurrido ahora es "un reconocimiento a lo difícil que ha sido y la labor que se ha hecho desde la oposición", ha sentenciado Aured.

Y es que la oposición, dos concejales del PP y dos del PSOE, ha trabajado mucho por demostrar que lo que se estaba haciendo no era legal, a pesar de las "agresiones continuas" verbales que sufrían por parte de la alcaldesa, ha explicado.

María Victoria Pinilla incluso intentó que su hijo Víctor Embarba se presentara a las elecciones municipales en las listas del PP, para así tener concejales en la oposición "de su confianza" y "sin críticas" a su gestión, pero "afortunadamente" el partido la apoyó a ella, ha recordado a EFE.

Respecto a la actitud del PAR, que ha abierto un expediente de expulsión a la alcaldesa, ha dicho que no le gusta y ha recalcado que los políticos "deberían ser más serios, más coherentes y responsabilizarse de lo que hacen y de las personas que les están representando".

Sobre esta trama de corrupción urbanística, el presidente Marcelino Iglesias ha dicho hoy en las Cortes de Aragón que los partidos políticos deben hacer "un esfuerzo" por encontrar "mejores candidatos", más honestos y que cumplan la ley, ya que los "excesos o desviaciones" no son culpa de la norma, sino de quien la administra.

Los portavoces de los grupos con representación en la Cámara autonómica (PSOE, PP, PAR, CHA e IU) también se han referido a este asunto y han coincidido en la necesidad de aprobar un mapa normativo nuevo que impida la corrupción y una mayor corresponsabilidad de la Administración autonómica.