Detenidos dos funcionarios de la ITV de Alcantarilla (Murcia) dentro de una pieza separada de la 'Operación Huellas'

  • Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos funcionarios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Alcantarilla, dentro de una pieza separada de la 'Operación Huellas', desarrollada a finales de febrero y que se saldó con la detención de 21 personas, entre ellas funcionarios de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, por los presuntos delitos de cohecho y falsedad dentro de una presunta red dedicada a regularizar a inmigrantes de forma fraudulenta.

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS) Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos funcionarios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Alcantarilla, dentro de una pieza separada de la 'Operación Huellas', desarrollada a finales de febrero y que se saldó con la detención de 21 personas, entre ellas funcionarios de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, por los presuntos delitos de cohecho y falsedad dentro de una presunta red dedicada a regularizar a inmigrantes de forma fraudulenta. El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, confirmó que "ayer se detuvo a dos funcionarios de esta ITV, en lo que es una pieza separada de la 'Operación Huellas', porque tenía alguna conexión con el cabecilla de aquella operación", y aseguró que el caso "seguimos teniéndolo bajo secreto de sumario". No obstante, González Tovar aclaró que estos dos trabajadores de la ITV detenidos lo son "presuntamente por expedir certificados de revisión de vehículos que no se realizaban". La 'Operación Huellas' supuso la detención de 21 personas y la imputación de 17 más, entre las que se encontraban seis funcionarios de la Administración y miembros del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el edificio de Extranjería de Murcia, el resto eran extranjeros. En concreto, entre los funcionarios públicos había tres miembros del Cuerpo Nacional de Policía, todos ellos imputados y un detenido; así como dos del cuerpo administrativo de la Policía, ambos imputados y uno de ellos detenido; así como un ordenanza de la Oficina Única de extranjería como imputado. Las investigaciones se remontan a seis meses antes, cuando la Guardia Civil recogió una serie de denuncias de particulares y de organizaciones versadas en supuestas prácticas irregulares que se venían sucediendo en torno a trámites administrativos gestionados en el inmueble de la Oficina Única de Extranjeros (O.U.E.), más concretamente en el área policial de dicho inmueble. Tales irregularidades se enmarcaban en el proceso de estampación de la huella digital, así como en la expedición de tarjetas de trabajo y/o residencia. De hecho, algunos de los inmigrantes que conseguían regularizar su situación administrativa tenían incluso causas pendientes con la justicia, llegando a estar buscados por ella.

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