La juez consideró ya que existe indiciariamente responsabilidad penal del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en las obras de construcción y entrega de esta infraestructura de Puerto Lumbreras cuando era alcalde del municipio.
Al ser Sánchez aforado, el órgano competente en caso de admitir a trámite la acusación y declarar a Sánchez como investigado es el TSJ, que ahora deberá designar a los tres magistrados que integren la Sala, así como el instructor del caso.
Los presuntos delitos que se le atribuyen, y que aparecen reflejados en el auto, son los de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial o público.
Igualmente, en esta providencia la magistrada recuerda su decisión de abrir una pieza separada, denominada 'Pieza separada número 1', para simplificar y activar el procedimiento en aras a investigar la posible comisión de delito de fraude a la administración pública y de malversación de caudales públicos y a sus posibles autores.
La magistrada ha tomado esta decisión a instancias del escrito del fiscal de Delitos Urbanísticos de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, quien pidió que se investigue al presidente murciano al considerar que queda demostrada su participación "en todos y cada uno de los hechos relatados a lo largo de este informe, siendo por ello perfecto conocedor de los mismos".
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