La partida de ajedrez sigue en Cataluña, pero cada vez quedan menos piezas

Los neurólogos dicen que la maestría de Gary Kasparov jugando ajedrez consistía en que su cerebro conectaba millones de neuronas para adivinar los movimientos del contrario. Era su forma de ganar pues siempre tenía una respuesta a cualquier movimiento, y al final llegaba el jaque mate.

Los jugadores de ajedrez tienen la ventaja de que ‘solo’ tienen que imaginar miles de combinaciones del contrario. Entre el gobierno de España y el gobierno catalán sucede algo parecido, pero con decenas de posibles movimientos, no miles. Los contrincantes se la pasan adivinando cuáles pueden ser las jugadas del contrario. Algunas son muy obvias. Otras imprevistas. Por eso, lo importante es manejar de ahora en adelante mucha información tanto jurídica como política, para saber cómo responder.

Tanto los independentistas como el gobierno central tienen equipos enteros simulando las partidas de ajedrez hipotéticas, para que, una vez que el contrincante haga una jugada, responder inmediata y contundentemente con otra. Es lo que ha pasado en el último año, pero de aquí al 1 de octubre, ya estamos hablando de que los jugadores tienen pocas piezas y deben saber jugarlas con maestría.

En la cronología de los últimos movimientos más decisivos del gobierno catalán, uno de los más decisivos sucedió el 17 de julio pasado, cuando el pleno del Parlamento catalán aprobó por mayoría, (con apoyo de Junts pel Sí y la CUP solamente), reformar el reglamento del parlamento mismo.

Eso quería decir nada más y nada menos, que el Parlamento podía tramitar por la vía exprés la ley de la convocatoria del referéndum de independencia para el 1 de octubre. No haría falta la unanimidad de los partidos en el pleno. Los independentistas la clavaron con la fecha pues ese 17 de julio los jueces del Constitucional se iban de vacaciones.

La jugada del gobierno de Rajoy consistió en presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional días después. Pero había más: el presidente del Constitucional cursó la orden a todos los miembros del Tribunal a estar localizables en las vacaciones. Y lo estuvieron. Algo que no previeron los independentistas.

El Tribunal Constitucional respondió el 31 de julio que el parlamento catalán no podía reformar el reglamento de esa forma. La respuesta de los independentistas consistió en poner un recurso de súplica ante el Constitucional para ganar tiempo.

Además, en otro movimiento estratégico, los independentistas adelantaron el comienzo del periodo de sesiones parlamentarias al 16 de agosto para empezar a tramitar el referéndum a toda marcha, pensando que los jueces estarían de vacaciones.

Pero justo ahora, el Tribunal Constitucional, trabajando horas extras en verano, acaba de ratificar que el Parlamento catalán no puede modificar el reglamento. Con ello, el gobierno desactiva la jugada de los independentistas, y encima se lleva otra pieza, porque ya da igual si las sesiones del parlamento catalán se adelantan al 16 de agosto. Lo que aprueben por esa vía antireglamentaria no tiene validez.

Previsible era la respuesta de los grupos más radicales como la CUP, que ha dicho que actuarán en desacato. Si lo hacen, estarían cometiendo un delito y pueden juzgarles. El asunto es tan serio (ir a la cárcel), que ya hay importantes políticos independentistas que se están desmarcando.

Pero los independentistas tienen aún muchas piezas en el tablero. La más importante en las próximas semanas es la Diada. Este día se celebra una manifestación que se ha convertido en la quintaesencia de la catalanidad. La Asamblea Nacional de Cataluña dice que ya hay más de 50.000 inscritos para organizar el acto.

Sin duda, esa pieza es temible porque el acto congrega a muchos catalanes, incluso a los que no son radicalmente independentistas. Es una celebración de tal fervor, que si se hiciera una encuesta sobre la independencia de Cataluña, la mayoría diría sí, superando las encuestas de ahora que dicen que la mayoría dice ‘no’. Contra eso el gobierno no puede hacer nada. Y es mejor.

Porque cualquier movimiento sería visto como algo anticatalán, no anti independentista. De hecho, el gobierno se pone de perfil a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le permitiría adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de las leyes.

El gobierno pone, en principio, la excusa de que a estas alturas, los plazos no cuadran porque se tardaría más de dos meses en aplicar el 155. La realidad es que ha tenido meses para empezar los trámites (que son complejos), pero ha renunciado porque la propaganda del govern, que controla a los medios de comunicación de Cataluña, lo haría ver “como un ataque a todos los catalanes”. De modo que en este caso, la prudencia es casi como mover el alfil: una buena jugada de Rajoy.

Pero ahora le toca de nuevo al independentismo, al cual se le están acabando las piezas. Hasta ahora no puede decirse que haya cometido nada ilegal, pues ha estado retorciendo la interpretación de la ley, para aprobar la ley del referéndum para el 1 de octubre. Pero siempre dentro de la ley. El problema es que, jurídicamente, ya no tienen muchos recursos, a no ser que empiecen a saltarse la ley, y cometan delitos.

A partir de ahí, entraremos en la parte final de la partida de ajedrez. El gobierno, a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, puede obligar a acatar las leyes, juzgar a los responsables y enviarlos a la cárcel, sin recurrir al 155. Pero debe administrar los tiempos, porque si se acelera, dará ánimos a los independentistas, que estarían felices de empezar a tener mártires como en Venezuela.

Pero paciencia: solo con la amenaza de la Justicia, ya es mucho. De hecho, muchos políticos catalanes se están apartando del procès pues no les gusta la vía ilegal. Apoyarlo les convertiría en cómplices de un delito. La respuesta, llena de fanatismo, del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha consistido en destituir a los consejeros desleales, e incluso al jefe de los Mossos d’Esquadra.

En el día D, que será el día O (1 de octubre) se verá si se celebra un referéndum, un simulacro de referéndum o si la Justicia y la policía se moviliza para impedirlo, para juzgar a los que pusieron urnas, a los que pusieron colegios y a los que pusieron los medios para organizar un acto ilegal. Será el jaque. Pero aún es pronto para decir si será jaque mate.