Ayuntamiento reforzará la "presión institucional" para que el Gobierno confirme la liberalización de la AP-7

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha reclamado al Gobierno central que confirme el final de la concesión de la autopista de peaje AP-7 cuando concluya el periodo de explotación, en 2019, y que "renuncie a cualquier fórmula de gestión que no sea la de la gestión pública, con un uso abierto y gratuito en todo su trayecto". Marco ha advertido que el Ayuntamiento "reforzará la presión institucional" contra la prórroga de la concesión.

Ayuntamiento reforzará la "presión institucional" para que el Gobierno confirme la liberalización de la AP-7

"Sería intolerable que el Gobierno la explotara por su cuenta con algún tipo de peaje o volviera a sacar a concurso la concesión de la gestión", ha señalado a través de un comunicado, tras participar este pasado jueves en una reunión con la Conselleria de Vertebración del Territorio y los alcaldes de los municipios por los que atraviesa la AP-7. De forma conjunta, presentarán un plan al Ministerio de Fomento sobre los accesos necesarios tras la reversión de la concesión.

Para la primera edil, la liberalización de la autopista será "un acto de justicia para Castellón". "Durante muchos años hemos sido castigados con unos peajes elevados mientras otras zonas de España tenían cada vez una red de comunicaciones más moderna y gratuita", ha ilustrado, para recordar el colapso de la N-340, con "un exceso de tráfico y una siniestralidad preocupante".

Ante esta situación, ve la gratuidad de la autopista del Mediterráneo como "una demanda justa para Castellón", por lo que ha insistido en "reforzar la presión institucional para evitar cualquier intento del Gobierno de prorrogar la concesión en 2019".

En cualquier caso, la alcaldesa ha lamentado la "pasividad" del Gobierno ante la demanda de la Comunitat, que "en los últimos meses ha sufrido graves problemas en las comunicaciones como consecuencia de las actuaciones de mejora en la A-7 y las obras del tercer hilo ferroviario, que alteraron el transporte por ferrocarril".

"Colectivos sociales, ciudadanos y políticos han demandado desde hace décadas el final de los peajes en la autopista AP-7", ha recalcado, y ha puesto como ejemplo que "en pleno franquismo, entre 1971 y 1972, la sociedad Autopistas del Mare Nostrum logró la concesión de los tramos Salou-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años" y que el contrato de explotación "debía haber concluido en 1998 pero continua vigente tras varias prórrogas, la última en 1997 por un plazo de 13 años con el Gobierno del PP de José María Aznar".

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