Madrid, 7 nov.- El Tribunal Supremo no resolverá sobre la petición de personación del ministro de Fomento, José Blanco, en las actuaciones por la "operación Campeón" hasta que no decida si admite a trámite la exposición razonada que la semana pasada le remitió la juez de Lugo Estela San José al apreciar indicios de delito.
Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que será la Sala de Admisión de Causas Especiales del Supremo la que decida si abre una investigación a Blanco por los hechos contenidos en esa exposición razonada, en la que según informa El Mundo la juez instructora aprecia indicios de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
No obstante, antes de llegar a esa fase, la Sala de lo Penal del Supremo deberá resolver si este órgano es el competente sobre estas actuaciones, para lo que antes pedirá un informe al fiscal, según las fuentes consultadas.
Si finalmente se estima la competencia del Supremo para tramitar la causa, se nombrará a un magistrado como ponente de la resolución en la que se decida sobre la admisión a trámite, y si ésta se queda en el tribunal otro magistrado será designado instructor de la misma.
Por el momento, las actuaciones han sido declaradas secretas en el Supremo, ya que la juez de Lugo mantiene también en su Juzgado el secreto del sumario.
El pasado viernes, Blanco, a través de su abogado Gonzalo Martínez Fresneda, pidió a la Sala de lo Penal del Supremo que le tenga por parte personada para que se le dé traslado de "las sucesivas actuaciones".
La defensa de Blanco solicitó en concreto: "se me tenga por parte en dicho procedimiento, dándoseme traslado de todo lo actuado hasta la fecha y entendiéndose conmigo las sucesivas actuaciones".
En el marco de la 'operación Campeón', en la que se investiga una supuesta una trama dedicada a captar subvenciones ilegales, el empresario Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel, acusó el pasado mes de agosto al ministro de haber percibido comisiones ilegales a cambio de favores, según publicó El Mundo.
Según esas informaciones, Dorribo pagó 200.000 euros al primo de Blanco como condición para poder pedir algunos favores al ministro, con el que se entrevistó en una gasolinera de Lugo.
El empresario lucense había sido enviado a prisión el pasado mes de mayo por su implicación en una supuesta trama para obtener subvenciones de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad provisional el 8 de agosto tras prestar declaración ante la juez.
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