Bogotá, 13 jun.- El argentino Carlos Menem es por ahora el último de la larga fila de exgobernantes latinoamericanos procesados o condenados por la justicia, aunque no es nuevo en esas lides y hasta pasó su luna de miel con su hoy exesposa Cecilia Bolocco en arresto domiciliario en 2001.
El exmandatario (1989-1999) fue condenado hoy a siete años de prisión por un delito de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, del que había sido absuelto hace dos años por un tribunal de primera instancia, cuyo fallo fue revocado.
La pena dictada a Menem, que no acudió a escuchar la sentencia alegando "problemas de presión y diabetes", es de cumplimiento efectivo, lo que significa que esta vez no puede mediar el arresto domiciliario.
En 2001, por decisión del juez Jorge Urso, tuvo que guardar arresto en una casa de campo a las afueras de Buenos Aires, diez días después de su matrimonio con la ex Miss Universo chilena, debido precisamente al caso del contrabando de armas.
Hace solo unas semanas otro expresidente, el guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004), fue enviado a Estados Unidos para responder de acusaciones de conspiración para lavado de dinero de unos 70 millones de dólares y actualmente espera juicio en un centro de reclusión en Nueva York.
La semana pasada el exgobernante peruano Alberto Fujimori (1990-2000), que cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos en un cuartel policial en Lima, vio denegado un indulto humanitario que su familia había solicitado al presidente Ollanta Humala alegando motivos de salud.
También está preso y con todo tipo de problemas de salud el general Antonio Noriega, "hombre fuerte" de Panamá, ahora en su propio país, adonde fue extraditado en 2011 desde Francia, que lo recibió un año antes, después de haber cumplido una larga condena en EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero.
El exdictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), también volvió extraditado a su país, en 1995 y desde Brasil, y cumple todavía condena por delitos de lesa humanidad.
Otro exdictador, el argentino Rafael Videla (1976-1981), murió en mayo pasado en una cárcel bonaerense donde cumplía condena a reclusión perpetua por graves violaciones de los derechos humanos, mientras en Uruguay está preso el exdictador Gregorio Álvarez (1981-1985) por los mismos motivos.
El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (1982-1983) cumple actualmente arresto domiciliario a la espera de que se reinicie el juicio en su contra por genocidio y crímenes de guerra, lo que se espera que tenga lugar en abril de 2014.
La Corte de Constitucionalidad anuló el pasado 20 de mayo la sentencia de 80 años de prisión dictada en contra de Ríos Montt y ordenó que el proceso judicial se retome a partir de como se encontraba en abril de 2013, antes del juicio.
En Costa Rica, dos expresidentes, Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), fueron condenados en 2009 y 2011, respectivamente, en juicios separados por corrupción, cada uno a cinco años de cárcel, aunque Rodríguez finalmente fue absuelto en 2012 por un tribunal de apelaciones del Supremo, que revocó la condena y anuló la sentencia en su contra.
En el caso de Calderón, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2011 y tiene que ver con un préstamo finlandés al Estado costarricense para la compra de equipos médicos.
Otro expresidente condenado, en primera instancia, es el boliviano Jorge Quiroga (2001-2002), a dos años y ocho meses por un caso de corrupción en la petrolera estatal YPF.
Quiroga, quien ha apelado esa sentencia de 2010, ha enviado cartas a los titulares de la ONU y la OEA para denunciar que los opositores al Gobierno de Evo Morales son víctimas de "una sañuda persecución", con ayuda de unos órganos judiciales "sometidos al Gobierno".
La lista de exgobernantes investigados, demandados, juzgados o condenados en América Latina no para de crecer.
La corrupción es el punto débil de los que llegaron al poder tras ser elegidos en las urnas, mientras que los problemas con la justicia de los gobernantes surgidos de golpes de estado o de sucesiones dentro de regímenes militares obedecen a violaciones de los derechos humanos.
Por delitos económicos fueron condenados, entre otros muchos, el venezolano Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), ya fallecido, y el nicaragüense Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2002).
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