Montevideo, 24 feb (EFE).- La Asamblea General de diputados y senadores del Legislativo uruguayo analizará el miércoles la posible inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, que dejó sin juicio a los responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Los legisladores del gobernante Frente Amplio, promotores del debate, y los de los partidos Nacional, Colorado e Independiente afinan sus posturas ante el debate de mañana, calificado por la prensa como un primer combate antes de los comicios generales de octubre próximo.
El debate es defendido por el Frente Amplio, mayoritario en ambas cámaras, mientras que el Partido Nacional y el Colorado son contrarios a un estudio que remiten en exclusiva al Poder Judicial.
El presidente del Partido Nacional o Blanco, Jorge Larrañaga, afirmó, en declaraciones recogidas por la versión digital del diario "El País", que es una "sesión absurda", y planteó la posibilidad de que los legisladores de su corriente, la Alianza Nacional, no participen.
Otro de los principales dirigentes "blancos", el ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, confirmó que en principio su grupo en el Partido Nacional participará en la reunión, pero calificó de "improcedente" la convocatoria anunciada la semana pasada por el vicepresidente del país y presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa.
Este se hizo eco el jueves de la opinión predominante en el Frente Amplio para convocar el debate de mañana en el Legislativo sobre la decisión tomada unos días antes por el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez de respaldar la inconstitucionalidad de tres artículos de la Ley de Caducidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze.
"Para este Poder Ejecutivo, la ley es inconstitucional", dijo el propio Vázquez.
La normativa fue promulgada en 1986 y ratificada en un referéndum en 1989.
La Ley de Caducidad es considerada por sus detractores como una auténtica "amnistía" a militares y policías que en la dictadura encabezaron la represión y eliminación de la oposición política.
El pasado martes el Gobierno del izquierdista Frente Amplio avaló la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad en su aplicación al caso concreto del asesinato de la militante comunista Blanca Estela Sabalsagaray Curutchet en 1974.
La aceptación de una excepción en la aplicación de esta Ley podría abrir las puertas al enjuiciamiento de los autores de delitos contra los derechos humanos durante la dictadura.
En concreto, la fiscal Guianze podría reclamar esa misma inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad también sobre los asesinatos de los disidentes Zélmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz a manos de acólitos de la dictadura.
El Partido Nacional y el Colorado acusan al Frente Amplio y al Gobierno de impulsar "una estrategia" para las elecciones del 25 de octubre, fecha en la que se celebraría también el referendo para anular la Ley de Caducidad si se reúnen las firmas necesarias.
De momento, parece posible que vaya a tener éxito la campaña para recabar las 250.000 firmas precisas para convocar el referéndum, promovida por grupos de derechos humanos con el pleno respaldo del Frente Amplio y de varios integrantes del Ejecutivo.
Son ya cerca de 210.000 las rúbricas reunidas en esta campaña, que debe concluir en abril.
Si al igual que hizo el Gobierno, el Poder Legislativo avala la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el caso presentado por la fiscal, el asunto pasará de nuevo a la Suprema Corte de Justicia para que emita su dictamen, pues la decisión de la Asamblea General no es vinculante.
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