Domingo, 19.11.2017 - 13:33 h

El Tribunal Superior catalán impide el uso de edificios públicos para la consulta

La instructora de la causa contra el Govern ordena a los tres cuerpos policiales que impidan la apertura de locales el 1-O.

La magistrada también ha constatado que el Ejecutivo catalán ha burlado su orden de cerrar las páginas web del referéndum.

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante su intervención en un acto del PDeCAT en el Casino del Centre de L'Hospitalet. EFE/Andreu Dalmau

La magistrada Mercedes Armas se ha hartado de las desobediencias del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del resto de su gobierno. No solo a las resoluciones del Tribunal Constitucional, sino también a las suyas.

Tras constatar que el Ejecutivo catalán ha burlado su orden de cerrar las páginas web del referéndum, la instructora de la causa abierta contra todos sus miembros ha dado un golpe sobre la mesa y ha ordenado a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan desde ya la utilización de edificios públicos para la preparación del referéndum.

El hecho de que el Govern haya obviado las órdenes de la magistrada le hace pensar que la Generalitat facilitará “todos los medios a su alcance para la definitiva consecución del referéndum con clara vulneración de las determinaciones del Constitucional. Por eso Armas ha decidido adoptar “todas aquellas medidas” que impidan su celebración “sin afectar a la normal convivencia ciudadana”.

Por esa razón ordena a los tres cuerpos policiales que impidan, hasta el 1 de octubre, “la utilización de locales o edificios públicos o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público, para la preparación del referéndum.Impedir la apertura

El domingo 1-O, la fecha fijada para la consulta, los agentes deberán impedir su apertura y cerrar todos aquellos que hubieran logrado abrirse. En caso de que esos edificios tuvieran servicios públicos en funcionamiento ese día o en días anteriores (hospitales, por ejemplo) se cerrarán solo las dependencias dedicadas a la preparación o celebración de la consulta.

La instructora manda además a las tres fuerzas de seguridad que requisen “todo el material relacionado con el referéndum que, en su caso, estuviera en disposición de introducirse o fuera hallado dentro de dichos locales o edificios, incluyendo ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan”, es decir, desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Por último, los efectivos policiales tendrán que impedir la actividad y la apertura de los establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística o de cálculo, y se refiere expresamente a “centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos”.

Los tres cuerpos, además, contarán con “el apoyo y colaboración de la Guardia Urbana y de las Policías Locales de cada municipio. Todos ellos bajo la coordinación del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior.

Según la magistrada, el comportamiento de los querellados, es decir, todos los miembros del Govern, ha evidenciado “una clara inobservancia” no solo de “los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, sino también “de las resoluciones dictadas por esta instructora en orden a bloquear varias páginas web del Govern de la Generalitat”, las que informaban de los actos de preparación del referéndum.

“Dichas cautelas han sido burladas mediante la creación por el Govern de otros dominios en la red” en los que, según Armas, “se seguía dando cumplida cuenta en las redes sociales a la ciudadanía de cómo votar o dónde hacerlo, subrayando en todo momento que la consulta va a celebrarse”, explica la resolución.

Esa es la resolución por la que recurre a esas medidas cautelares, con la finalidad de proteger “el correcto funcionamiento del Estado de derecho, que se asienta sobre el principio de sometimiento a las decisiones judiciales tanto por los particulares como por las propias Administraciones públicas y autoridades”.

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