Garmendia tranquiliza a las CCAA sobre el coste económico de la Ley de Ciencia

Sevilla.- La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha querido tranquilizar hoy a los diferentes gobiernos autonómicos acerca del posible coste económico que pudiera suponerles la aplicación de la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

"Entiendo que la preocupación de las comunidades es el impacto económico que pueda llegar a tener la Ley", ha expresado Garmendia a los periodistas tras presidir en Sevilla la reunión del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, compuesto por representantes de todos los gobiernos autonómicos.

A este respecto, ha asegurado que las comunidades no sufrirán un coste económico a la hora de adoptar iniciativas previstas en la Ley, cuyo borrador se llevará a Consejo de Ministros el próximo día 12, si bien ha apuntado que se estudiará "detenidamente".

La ministra ha valorado el "tono y las intervenciones" de cada uno de los representantes de los gobiernos autonómicos durante la reunión, y ha indicado que, hasta el próximo viernes, las comunidades podrán enviar por escrito al Ministerio todas las propuestas que consideren pertinentes para su inclusión en el borrador, tras mantener con ellas negociaciones bilaterales.

"Puedo anticipar que gran parte de las sugerencias que se hagan se incorporarán al anteproyecto de ley", ha aseverado Garmendia, quien sin embargo no ha precisado, a preguntas de los periodistas, cuáles son las principales objeciones a la futura ley planteadas por los distintos gobiernos autonómicos.

Sobre este asunto ha reseñado que en la reunión "se ha hablado mucho" del balance entre Ciencia, Tecnología e Innovación, de los diferentes agentes que componen el sistema (como administraciones públicas, universidades y empresas) o de la movilidad entre sistemas, en alusión al reconocimiento entre los regímenes universitario y de otro tipo de instituciones públicas dedicadas a la investigación.

"La intención (del Ministerio) es respetar al máximo las competencias de las Comunidades Autónomas", ha subrayado, y ha añadido que el texto que se apruebe en Consejo de Ministros "será respetuoso a ese respecto".

Durante la reunión del Consejo, Garmendia ha pedido a los diferentes gobiernos autonómicos impulsar de forma conjunta y consensuada "una verdadera política científica de Estado".

El borrador que hoy ha presentado la ministra a los consejeros autonómicos sustituirá al texto de 1986, entre otras cosas -tal y como se indica en la exposición de motivos- por el desarrollo de las competencias en materia de investigación científica y técnica e innovación de las CCAA a través de sus Estatutos y de sus marcos normativos.

El objetivo principal de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es el de abordar los cambios "necesarios" para consolidar el sistema científico español en la "vanguardia internacional".

Así, la nueva ley permitirá a los investigadores que trabajen en España contar con una carrera científica "estable, predecible, basada en méritos y socialmente reconocida", según el Gobierno.

En este sentido, el departamento que dirige Garmendia ha propuesto convertir las becas de investigación predoctoral, dependientes del Ministerio, en contratos.

Otra de las principales novedades que presenta el borrador del anteproyecto de Ley elaborado por el departamento de Garmendia es la puesta en marcha de una agencia estatal.