El Gobierno asegura que el recinto hípico del Palacio de Zarzuela es muy reducido y no tiene un "coste significativo"

El Gobierno asegura que las instalaciones hípicas situadas en el Palacio de la Zarzuela son reducidas y no suponen "un coste significativo" para el Estado y, de hecho, subraya que su mantenimiento se engloba en los propios servicios de Zarzuela.

Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dice desconocer el número de caballos que albergan dichas instalaciones y, por tanto, el coste que puedan generar al tratarse de un gasto no imputable a la Administración General del Estado.

De esta forma responde a una batería de preguntas planteadas por el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, a propósito del accidente hípico sufrido el pasado septiembre por la Infanta Elena en la instalaciones hípicas del Palacio de la Zarzuela, en el que la hermana del Rey se rompió la muñeca.

PREGUNTA DE ERC

Entre otras cuestiones, Tardà preguntaba al Gobierno por el precio total de la construcción de ese complejo hípico en Zarzuela que, según apuntaba el independentista catalán, fue construido a petición del Rey emérito Juan Carlos I "para uso y disfrute de la familia".

Asimismo, pedía saber quién es el responsable de asumir económicamente los gastos que ese complejo genera y con cargo a qué partidas, así como el coste de la caballería usada en el centro hípico.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno comienza recalcando que si bien él tiene la obligación de someterse al control parlamentario, no la tiene sobre las actuaciones que realicen "terceros", tal y como establece el Reglamento del Congreso.

LA ADMINISTRACIÓN NO PAGA LOS CABALLOS NI SU COSTE

Por ello, sólo confirma al diputado de ERC la existencia de unas "reducidas" instalaciones hípicas en el extremo oeste del Complejo del Palacio de la Zarzuela, que existen de los años 80 y que constan de una cuadra y una pista de arena, y que su mantenimiento se engloba en los propios servicios de Zarzuela, "sin que represente un coste significativo".

Añade, además, que la Administración General del Estado "no tiene conocimiento" de los animales que se albergan en dichas instalaciones, ni del gasto que puedan generar, costes que, en cualquier caso, recalca, "no se le imputan".