Según ha informado a Europa Press el despacho Oria, Pajares& Asociados Abogados, el militar ingresó en la Armada en el año 1960 y pasó a retiro por edad en 2006, pero a lo largo de su carrera, como especialista de máquinas a bordo de distintos buques y embarcaciones, estuvo permanentemente expuesto a amianto.
A consecuencia de esto, le fue diagnosticado un adenocarcinoma pulmonar en el año 2013 sin que el tratamiento médico pudiera evitar su muerte unos meses después, motivo por el cual la familia solicitó que se le reconociese el fallecimiento en acto de servicio.
Así lo reclamó al Ministerio de Defensa en julio de 2014 y le fue concedido casi un año después, en mayo de 2015, lo que se tradujo en una mejora de la pensión para la viuda, según ha explicado la abogada del caso.
RECONOCE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Pero la familia reclamó también que Defensa reconociese la responsabilidad patrimonial por la enfermedad y fallecimiento del capitán de navío debido a la exposición al amianto, lo cual consiguió justo un año más tarde, en mayo de 2016.
El departamento que dirige en funciones Pedro Morenés determinó entonces que la indemnización económica reconocida como daño moral a la viuda ascendiera a 103.000 euros y otros 10.000 euros para cada uno de sus cuatro hijos, cantidades que todos ellos han cobrado este mes de octubre.
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