En dos días ardieron en León 8.000 hectáreas, estima la Plataforma de Gistreo

  • León.- La Plataforma para la defensa de Gistreo, que agrupa a colectivos y ecologistas bercianos, denunció hoy que en sólo dos días han ardido en la provincia de León 8.000 hectáreas forestales, en un atentado que parece haber sido bien planificado, y ante el que la Junta de Castilla y León ha actuado con "pasividad".

La Junta confirma que el incendio de San Esteban de la Sierra fue intencionado
La Junta confirma que el incendio de San Esteban de la Sierra fue intencionado

León.- La Plataforma para la defensa de Gistreo, que agrupa a colectivos y ecologistas bercianos, denunció hoy que en sólo dos días han ardido en la provincia de León 8.000 hectáreas forestales, en un atentado que parece haber sido bien planificado, y ante el que la Junta de Castilla y León ha actuado con "pasividad".

Los pirómanos -dice- actuaron simultáneamente en "puntos tan alejados unos de otros como: Pradela, Peranzanes y el Valle del Oza en El Bierzo; Truchas y Lomba en La Cabrera; Tonín en el municipio de Villamanín, donde a punto estuvo el fuego llegar a las casas; Robles de Laciana, Torrestío en Babia; y San Andrés de las Fuentes, Tremor de Arriba y Barrio de la Puente"

"Da la impresión -explican los conservacionistas- que esta cadena de incendios, provocados con la intención de causar un gran daño, estuvo muy calculada y planificada".

El colectivo critica a la Delegación Territorial por actitud pasiva y por no haber tomado medidas urgentes para ordenar "la investigación, captura y encarcelamiento de los incendiarios, que nosotros denominamos como terroristas ambientales".

"Abedulares extensos, robledales centenarios, bosques de encina y acebo en los que viven especies protegidas entre las que destacan el oso pardo y el urogallo, tardarán mucho tiempo en recuperarse de este devastador ataque a manos de unos tipos sin escrúpulos, cuya criminal obra, de no ponerle pronto un contundente remedio, podría quedar impune", argumenta la plataforma.

Los conservacionistas acusan a la administración autónoma de desinformación, reclama una ley de Montes que "ponga coto a tamaños desmanes y entre rejas a los delincuentes" y se pregunta a quien favorece la ocultación de datos sobre el patrimonio natural.

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