El IMD licita la explotación de otras nueve instalaciones deportivas básicas municipales

Hasta comienzos del anterior mandato, recordémoslo, más de 40 instalaciones deportivas básicas pertenecientes al IMD estaban gestionadas a través de la figura de las juntas rectoras, que integraban a los clubes o entidades deportivas del ámbito de influencia de tales instalaciones municipales. Pero en 2007, un informe de la Secretaría del Ayuntamiento exponía que "en un gran número de supuestos, no se han constituido las juntas rectoras" dado que "no existían en su ámbito territorial suficientes entidades deportivas usuarias para la constitución de estos órganos colegiados".

El informe, recogida por Europa Press, señalaba el "agotamiento" de este modelo y, a la hora de abordar la gestión indirecta y "ordinaria" de estas instalaciones, zanjaba que la misma debería estar sujeta a contratos de "gestión de servicios públicos". Dado el caso, durante el mandato del PP, el IMD licitó concesiones administrativas para la gestión y explotación de un total de 34 instalaciones deportivas básicas municipales hasta entonces en manos de juntas rectoras, aspecto envuelto en una cruda controversia con no pocas acusaciones de "privatización".

Ya en el vigente mandato, el pleno acordó no prorrogar ninguna de las concesiones administrativas que pesaban sobre las instalaciones deportivas básicas municipales, rescatar aquellas que incurriesen en "incumplimientos flagrantes" y emprender un proceso de participación con los clubes y entidades deportivas, para acordar un nuevo modelo de "gestión compartida" para estos espacios.

Ante el nuevo modelo de pliegos ideado este mandato por el IMD para la concesión de la gestión de las instalaciones deportivas básicas, el PP detectaba una continuidad de su modelo e IU-CA avisaba de que estos nuevos pliegos mantienen, "en su esencia, la estructura de los que elaboró el Gobierno de Zoido en el mandato anterior", temiendo que las concesiones recayesen de nuevo en empresas o "entidades sin experiencia deportiva ni vínculos ni arraigo con el deporte de base de los barrios".

LAS AYUDAS

El caso es que tras licitar la gestión y explotación de otras nueve instalaciones deportivas básicas municipales, el IMD ha defendido que los pliegos que rigen tales licitaciones contemplan "un plan de ayudas a la explotación con las que se asegura el equilibrio financiero de las instalaciones, así como precios en base a las ordenanzas municipales que faciliten la accesibilidad por parte de los usuarios, y un plan de inversiones que rehabiliten las instalaciones". Los pliegos, según el IMD, "priorizan la finalidad deportiva y social y responden a un estudio detallado de las circunstancias y contextos socioeconómicos de cada una de las zonas".

El plan de ayudas a la explotación ligado a estos pliegos, según el IMD, alcanza un total de 102.238 euros de inversión a través de un plan plurianual detallado para cada una de las ofertas, junto a su correspondiente plan de inversiones. Ambos se ejecutarán hasta el año 2020, fecha en la que concluye la concesión que puede ampliarse por dos años más.

Por ejemplo, para las instalaciones Unión-La Oliva, el plan de inversiones conectado con la licitación de su gestión contempla la reposición del césped artificial del campo de fútbol, así como obras en los aseos y vestuarios. Para la instalación de Huerta del Perejil, el plan de inversiones recoge según el IMD sustituir el césped artificial del campo de fútbol y de las pistas de pádel, mientras para el espacio deportivo de Parque Amate se prevé renovar el césped del campo de fútbol 11 y urbanizar el aparcamiento.

EL IMD DEFIENDE SU NUEVO MODELO

Así, y dada la controversia que en los últimos años ha rodeado la gestión de las instalaciones deportivas básicas municipales, el IMD defiende que "el nuevo modelo de explotación favorece factores deportivos y sociales que se adecuen al contexto donde se insertan estas instalaciones, frente a otros aspectos como el económico, valorando las horas dedicadas a actividades de integración, propuestas para colectivos en riesgo de exclusión social o la amplitud de los horarios de apertura". Todo ello, "garantizando la viabilidad a partir de aportaciones directas desde el IMD".

Igualmente, se establece la ordenanza de precios públicos aprobada por el Consejo del Instituto Municipal de Deportes y el pleno del Ayuntamiento como "tope para la reserva de espacios y servicios", contemplando todas las ayudas sociales y bonificaciones contempladas. Los pliegos de esta licitación incorporan igualmente la adaptación del modelo de cláusulas sociales, que impiden a los adjudicatarios minorar unilateralmente las condiciones de trabajo del personal contratado para prestar los servicios o incrementar la tasa de temporalidad.