El Gobierno lleva destinados desde el año 2011 cerca de 600.000 euros a la financiación de los distintos tratamientos psicológicos y psiquiátricos solicitados por las víctimas del terrorismo para tratar de superar las secuelas de los hechos terroristas sufridos.
En una respuesta escrita al portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Trevín, el Ejecutivo detalla que en ese periodo ha recibido un total de 254 solicitudes de abono de tratamientos psicológicos, de los que ha aceptado 222, y los restantes, 32, se encuentran en estos momentos en tramitación.
El coste de esos tratamientos se eleva, según precisa el Gobierno, a 593.893,28 euros, lo que supone una media de 3.600 euros por persona. A esa cantidad se añade las subvenciones que el Ministerio del Interior concede anualmente para los programas de terapia psicológica que ofrecen las asociaciones de víctimas.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido explica que las distintas normas de protección a las víctimas del terrorismo han venido contemplando la posibilidad de que el Estado financie, previa constatación del cumplimiento de una serie de requisitos legales, la atención psicológica a las víctimas del terrorismo.
LÍMITE DE 3.600 EUROS
Antes de la entrada en vigor, en 2011, de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del terrorismo y del Reglamento que la desarrolló, en 2013, el límite económico para estas ayudas era de 3.000,05 euros por tratamiento individualizado, si bien la normativa vigente lo amplió a 3.600 euros.
Así, las víctimas y amenazados y sus familiares o personas con las que convivan que acrediten sufrir secuelas psicológicas derivadas de actos terroristas tendrán derecho a la financiación del coste de la atención psicológica, previa prescripción facultativa con un límite de 3.600 euros.
Asimismo, el Gobierno ha concedido más de 2,44 millones de euros en ayudas económicas a 83 de las 129 personas que solicitaron ser reconocidas oficialmente como amenazadas por el terrorismo, lo que supone una media individual de casi 30.000 euros, según datos oficiales del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press.
Fue en 2013, dos años después del anuncio del fin de la actividad terrorista de ETA, cuando el citado Reglamento de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo incluyó por primera vez la posibilidad de conceder ayudas extraordinarias a las personas que acrediten la condición de amenazado por el terrorismo.
Con este tipo de ayudas, a las que sólo se puede acceder cumpliendo los requisitos legales y previa justificación, se pretende facilitar "el traslado de localidad, abandono de vivienda, gastos de escolarización y otros que guarden relación con dicha situación", con carácter retroactivo a 1 de enero de 1960, cuando no hubieran podido ser resarcidas con anterioridad por no estar previsto en el ordenamiento jurídico.
En total, el Ministerio ha destinado a estas ayudas 2.441.456,39 euros, lo que supone una media individual de 29.415 euros. En concreto, Interior dedicó 1.909.621,64 euros para proporcionar ayudas extraordinarias a los amenazados y otros 531.834,75 euros para cubrir indemnizaciones por daños personales.
Y 2,82 MILLONES EN AYUDAS EXTRAORDINARIAS A VÍCTIMAS
Por otro lado, el Ejecutivo detalla que ha dedicado 2.829.965,92 euros las ayudas extraordinarias abonadas a 93 víctimas del terrorismo, de las 131 que las solicitaron, lo que representa una media de 30.429 euros por beneficiario. De estas 93 personas, 69 han obtenido la ayuda extraordinaria por haber sufrido perjuicios económicos como consecuencia de las amenazas terroristas.
La Ley de 2011 contemplaba este tipo de ayudas para "paliar situaciones de necesidad personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas que son compatibles con las ayudas ordinarias previstas en la citada normativa".
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