Alfredo Sáenz, salvador de Banesto y el ejecutivo mejor pagado de España

La intervención de Banesto el día de los Inocentes de 1993 supuso un antes y un después en la historia de Alfredo Sáenz. El entonces gobernador del Banco de España le dio al banquero vizcaíno los mandos del banco que hasta entonces había presidido Mario Conde.

El mandato era doble. Por un lado, poner orden en las cuentas de la entidad. Por otro, prepararla para su venta. Luego llegaría la subasta ganada por Santander y su confirmación como presidente de Banesto.

Sáenz, licenciado en derecho y ciencias económicas, no sólo conocía al dedillo la entidad; también se había ganado una merecida fama de reflotador de grupos en crisis, como ya había demostrado en Banca Catalana, de quien tomó las riendas en 1983 y a quien sacó adelante con algunas de las medidas de choque que luego aplicaría en Banesto.

Emilio Botín no tuvo dudas. Sabía que fichaba al gestor ideal para sacar adelante una integración –la de Banesto- que iba a dar a Santander el liderazgo definitivo en el sistema financiero español. Sáenz fue nombrado por primera vez consejero de Santander en julio de 1994. Tras traspasar en en 2002 la presidencia de Banesto a Ana Patricia Botín, hoy es el consejero delegado y vicepresidente segundo de Santander.Y también el ejecutivo mejor pagado de España.

En 2009, se embolsó la friolera de 10,2 millones de euros, casi tres veces más que el presidente Emilio Botín. Lejos del frío de la gran crisis económica internacional, la retribución de Sáenz fue un 10% más alta que el año anterior.

Para conocer la dimensión real de la retribución total del que fuera décimo presidente de Banesto, basta con señalar que el segundo ejecutivo financiero mejor pagado del país es Francisco Luzón, el responsable del negocio del grupo cántabro en América Latina. Cobró 5,8 millones de euros en 2009.

El calvario judicial para Alfredo Sáenz comenzó en diciembre de 2009 cuando la Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a seis meses de prisión por un delito de prisión por un delito de acusación y denuncia falsa. Además, fue multado con 9.000 euros. Entonces, Santander anunció que recurriría la decisión en el Tribunal Supremo, que ahora le inhabilita.