El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado ejercer el derecho a retracto sobre una finca del número 37 de la calle Leiva, cuyo propietario --una entidad bancaria-- había iniciado su venta a un fondo inversor, y el Gobierno de Ada Colau ha optado por comprarlo por 2,75 millones de euros para evitar la expulsión de los vecinos.
Con la operación, el Ayuntamiento ha paralizado la venta del inmueble al fondo inversor, "cortando de raíz la posibilidad de que los actuales inquilinos sean expulsados de su casa a causa de esta operación de venta", ubicada en el distrito de Sants-Montjuïc, ha destacado el Ayuntamiento este viernes en un comunicado.
El consistorio ha recordado que el derecho de retracto es una herramienta recogida por la legislación en áreas de demanda residencial fuerte, y el Ayuntamiento ha decidido usarla de forma excepcional atendiendo la "situación extrema de emergencia y vulnerabilidad, y a la problemática social".
El Ayuntamiento ha atendido a los vecinos afectados, analizando si se estaban produciendo casos de acoso inmobiliario y estudiando la posibilidad de intervenir si se había producido la transmisión de la finca sin notificarlo a la administración, tal como prevé la ley y no ocurrió.
Ante la situación, el Gobierno municipal optó por ejercer el derecho de retracto para que los actuales inquilinos --13 familias-- puedan seguir viviendo en la finca y pagando su correspondiente alquiler.
Los vecinos llevaron el asunto a la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, a quien explicaron que la empresa comunicó a los inquilinos --excepto a cuatro con renta antigua-- que no renovaría su contrato de alquiler cuando acabara.
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