Esto es lo que pasa cuando se lleva al terreno político las grandes cifras económicas. Que la trampa salta por cualquier lado: Andalucía fue la única comunidad que votó ayer contra el compromiso de cerrar el año en un déficit del 1,5% y el Ministerio de Hacienda ha replicado que de acuerdo, que haga lo que quiera, pero que esta negativa tendrá consecuencias.
La más urgente debe decidirse antes del 1 de abril, apenas seis días después de las elecciones autonómicas en esta región. Para entonces, las comunidades deben presentar su solicitud para incorporarse al mecanismo especial de pago a proveedores.
Y aquí viene el primer cebo lanzado por Cristóbal Montoro: si Andalucía quiere pagar sus obras y servicios (y así no castigar a sus propios autónomos y pymes en relación a los del resto del país) tendrá que pagar un doble peaje (como todas, pero las demás han acatado todo lo acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera).
El primer peaje consiste en presentar un plan de viabilidad que sustente el abono a sus proveedores (es decir, que tendrá que ajustarse a los criterios que le lleven al 1,5% de déficit que acaba de rechazar); y el segundo, exponer todas y cada una de sus facturas pendientes.
"Estudiaremos a fondo toda su documentación", ha avisado el ministro de Hacienda, sin necesidad de mencionar escándalos recientes de la administración andaluza como el caso de los EREs o la polémica de Invercaria. En principio, el procedimiento es idéntico para todas las regiones que quieran adherirse al plan. La diferencia radica en que Andalucía fue la única que nombró Montoro expresamente.
En cualquier caso, el mecanismo especial de pago a proveedores se ha convertido en la mejor forma de descubrir el verdadero agujero de las autonomías. Ya lo dejó entrever el Ministerio cuando lo impulsó para los ayuntamientos y ayer ahondó en esta línea al descartar casi por completo la línea ICO que también iba a cubrir esta deuda y que incluso había sido dotada con 10.000 millones (ampliables a 15.000 llegado el caso)
Ya no. El sistema preferente pasa a ser el que exige un desnudo integral de las cuentas y un plan de saneamiento acorde con el nuevo préstamo en el que van a incurrir las administraciones (a diez años, con un tipo en torno al 5% y con los dos primeros años de carencia, o sea, pagando sólo los intereses).
En total, y según las primeras estimaciones, el plan de proveedores podría rondar los 35.000 millones de euros, si bien hasta que no reciban en Hacienda toda la información sobre las facturas no se concretará el volumen. La idea es que a mediados de mayo empiecen a cobrar los primeros acreedores de los gobiernos autónomos.
Una vez conocida la situación financiera de ayuntamientos y autonomías, el Ministerio servirá de avalista ante los bancos, que serán los que concedan el crédito a las administraciones en los términos antes explicados.
El Estado no pierde en teoría nunca, ya que si un municipio o una región dejan de pagar, le restaría en un último término los pagos de financiación correspondientes.
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