Un plan de reactivación económica que causaría un ataque de nervios a la 'troika'

Incentivos a la exportación, a la participación de emprendedores en proyectos de I+D, a la contratación de jóvenes y mujeres, al mantenimiento del empleo de las personas mayores de 60 años, a las empresas que opten por reducir jornada antes que despedir a sus empleados o a las pymes que contraten trabajadores... así hasta una treintena de medidas de estímulo fiscal y económico que, de aplicarse, pondrían al borde de un ataque de nervios a los ya célebres hombres de negro de la 'troika', porque representarían un gasto público de miles de millones de euros.

Ése es, a grandes rasgos, el cuerpo central del Plan de Reactivación Económica presentado este miércoles por el PSOE, que se completaría con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, reformas legales para crear una Agencia Pública de Financiación u obligar a la banca nacionalizada a dar crédito a empresas y particulares y una batería de medidas que se deberían adoptar a nivel europeo, tanto por la Comisión como por el BCE.

La pregunta que se plantea es evidente: ¿de dónde saldría el dinero necesario para financiar todo esto? Principalmente, de la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros abierta por Bruselas para la reestructuración del sector financiero español, de la que a día de hoy no se han utilizado más que 40.000 millones.

El PSOE considera viable obtener 20.000 millones de euros de esta línea de crédito para fomentar la financiación a empresas, el autoempleo, la iniciativa emprendedora y la internacionalización.

Y lo considera viable pese a que la Comisión Europea ha deslizado, cuando se le ha preguntado por el particular, que ese dinero tiene un fin y que no es otro que apuntalar la solvencia del sector financiero. Y también pese a que tirar de esa línea de crédito en semejante cuantía dispararía la deuda pública española hasta el entorno del 100% del PIB.

El resto de medidas de incentivo, principalmente las orientadas a la creación de empleo, se financiarían a través de una profunda reforma fiscal.Una revolución fiscal

Aunque más que de reforma fiscal, se podría hablar perfectamente de revolución.

El PSOE plantea que se integre en la base del IRPF la riqueza patrimonial de las familias y que se equipare la fiscalidad de las rentas del capital y del trabajo, lo que haría que los rendimientos procedentes de depósitos, fondos de inversión u otros productos financieros y de ahorro tuvieran una tributación de hasta el 52% cuando ahora es como mucho del 27% (para rendimientos por encima de los 24.000 euros).

En el Impuesto de Sociedades, los socialistas abogan por un planteamiento un tanto vago: eliminar las deducciones fiscales que sólo benefician a las grandes corporaciones. No especifica cuales. También por dar la vuelta al tratamiento fiscal actual de la reinversión de beneficios. En lugar de incentivar fiscalmente esta práctica, el PSOE considera que se debería fijar un gravamen adicional sobre la distribución de beneficios en las empresas, es decir, sobre el pago de dividendos.

El IVA no experimentaría variación alguna, pero sí habría cambios, subidas, concretamente, en algunos impuestos especiales, en concreto sobre aquellos que gravan consumos nocivos para la salud (alcohol y tabaco) y también en los impuestos medioambientales.

Finalmente, los socialistas plantean la creación de dos nuevos impuestos sobre la banca. Uno sobre los pasivos de las entidades, deducidos los depósitos y la capitalización obligatoria que establece la ley, como medida para incentivar la concesión de créditos; y otro sobre los pagos de retribuciones variables y bonus a los directivos.

El esquema fiscal socialista se completaría con un plan antifraude, que endurecería el tratamiento sobre las entidades financieras que participen en esquemas de defraudación (a las que se retiraría la licencia bancaria) y que prohibiría la circulación de billetes de 500 euros.