Las comunidades autónomas llevan meses presionando al Gobierno para que emita hispabonos, un exótico palabro bajo el que se esconde todo un sofisticado mecanismo de financiación autonómica.
Éste consistiría en unificar todas las emisiones de deuda de las regiones bajo un único modelo de bonos, que además contaría con el aval del Estado. No obstante, desde el Gobierno se puntualiza que todavía se están estudiando todas las posibilidades.
El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, calcula que con este mecanismo se ahorrarían mil millones anuales en intereses las comunidades autónomas y se conseguirían mayores volúmenes en las emisiones.
Si se mira desde el punto de vista de la rentabilidad que están pidiendo los inversores a las regiones para comprarles su deuda, fuentes consultadas por lainformacion.com aseguran que ésta podría abaratarse en torno a dos puntos porcentuales.
No obstante, antes de activar este sistema, el Gobierno quiere conocer a fondo las cuentas de la comunidades y, sobre todo, sus planes de ajuste.
Primero te ajustas, luego te financio
En principio, y según exige el plan de proveedores, los ejecutivos autonómicos deberán presentar sus medidas de saneamiento antes del próximo 15 de abril, de forma que a partir de mayo podrían tener liquidez para pagar sus facturas.
Con este examen superado, el Gobierno central tendrá también sobre su mesa las medidas de ajuste de cada región y, por tanto, los cinturones de seguridad que necesita para avalar ante los mercados las emisiones de las regiones.
Dicho de otro modo, ya podría empezar a activar una figura que, de momento, está recibiendo el nombre de hispabonos.
Hasta entonces, las comunidades tienen garantizado el pago de sus vencimientos gracias a una línea ICO especial, dotada con 5.000 millones, ampliable a 10.000 millones, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo.
Con este colchón, el Ministerio de Hacienda cree que están cubiertos todos los vencimientos hasta junio. Margen suficiente para que sus homólogos en Economía den la forma definitiva a los hispabonos.
La deuda de las Administraciones Públicas españolas a finales de 2011 alcanzó un récord de 735.000 millones de euros según datos provisionales del Banco de España, una cifra que supone un 68,5% del Producto Interior Bruto (PIB).
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