Economía necesita doce sabios que "sepan de todo" para su nuevo regulador único

El Gobierno está a punto de abrir uno de los procesos de selección de personal más exigentes que se hayan llevado a cabo nunca en España.

Se buscan doce personas "de reconocido prestigio y competencia profesional" para configurar el Consejo del nuevo superregulador único nacional: la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Se trata del nuevo ente que agrupará en un único organismo muchas de las funciones (otras se las quedará directamente el Gobierno) que hasta ahora desempeñaban los reguladores de los mercados energético, postal, de las telecomunicaciones, del juego y del transporte ferroviario y aeroportuario; y la Comisión Nacional de la Competencia.

Los aspirantes, por tanto, no sólo deberán tener un conocimiento profundo de la legislación española en materia de competencia, sino que, según fuentes del Ministerio de Economía, deberán acreditar una formación técnica sólida y transversal.

No es para menos. Su trabajo les obligará a sustanciar con la misma solvencia una controversia entre Movistar y Vodafone por los precios de los SMS que un informe sobre los mecanismos de formación de precios en el sector de la electricidad, una investigación sobre los pactos de precios en gasolineras o la situación de competencia en el mercado postal de Alicante.

Todos deberán saber de todo y la propia dinámica del 'superregulador' contribuirá a ello.

La CNMC se dividirá en dos salas con cinco consejeros cada una. Una se dedicará a resolver asuntos relacionados con la competencia y la otra a aspectos de supervisión, regulación e inspección de los mercados regulados.

Pero no serán compartimentos estancos. Los asuntos más peliagudos o que pongan de manifiesto controversias entre las dos salas se resolverán en el Pleno, en que se reunirán los diez consejeros junto al presidente y el vicepresidente del futuro organismo; y se habilitará un revolucionario sistema de rotaciones que hará que los consejeros pasen de una sala a otra cada cierto tiempo.

Si ya se hace difícil imaginar que haya una sola persona que reúna semejante nivel de conocimientos en disciplinas tan diferentes como el transporte ferroviario, el mundo del juego o el mercado eléctrico, el Gobierno debe encontrar nada menos que doce personas con ese perfil.

Sin embargo, según fuentes de Economía, eso no será problema. "No tienen que ser perfiles clónicos, pueden ser complementarios, y además no estarán solos, contarán con una unidad de apoyo. Conseguir doce personas que cumplan este perfil es una tarea perfectamente realizable".Luces y sombras sobre el nuevo regulador

No hay tanta confianza entre los analistas en la posibilidad de encontrar una docena sabios con esas capacidades. Muchos opinan que se corre el riesgo de perder capacidad técnica y de desguarnecer la supervisión de sectores que son esenciales para el correcto funcionamiento de la economía.

Se basan en que uno de los efectos de la fusión de reguladores será que el trabajo que ahora se hace entre medio centenar de consejeros especializados en el ámbito de su competencia (energía, juego, telecomunicaciones o transporte), será realizado a partir de ahora por una decena de personas que, como mínimo, tendrán conocimientos más superficiales sobre algunos de esos ámbitos.

También cuestionan su independencia, aunque el mecanismo fijado en la ley establece que tanto el presidente, como el vicepresidente y los diez consejeros serán designados por el Parlamento a propuesta del Ministerio de Economía, y además reconoce derecho de veto a los diputados.

Bien, a día de hoy el PP tiene una mayoría que parece inhabilitar cualquier posible veto, pero en un futuro no tendría por qué ser así.

Además, el mandato de los consejeros no coincidirá con el ciclo político al preverse periodos de permanencia de dos, cuatro y seis años.

Recuerdan que lo que está en juego, en este sentido, es la correcta supervisión de áreas de las que depende el suministro energético, la interconexión telefónica del país o los nodos de transporte por tren y avión.

Economía argumenta, por su parte, que la fusión de reguladores no tendrá ningún impacto sobre los procedimientos, plazos y metodologías que se vienen aplicando hasta ahora, sino que únicamente adelgazará la estructura orgánica en busca de un modelo más ágil y más barato.

En este sentido, asegura que no habrá más reducción de plantilla que la que se derive de la integración órgánica de los reguladores y de la supresión de consejeros y altos cargos, que supondrá un ahorro, según sus cálculos, de unos cuatro millones de euros... a la espera de conocer la factura que pasarán las indemnizaciones por cese antes del fin de su mandato.

Es decir, que la dotación de técnicos que se encargan de las evaluaciones, las inspecciones, las elaboraciones de informes y el resto de tareas cotidianas, en principio, no experimentaría una variación significativa.

La otra gran preocupación es que sala de regulación sectorial en la que se fundirá los seis órganos reguladores actualmente existente (Comisión Nacional de la Energía, de las Telecomunicaciones, del Sector Postal, del Juego y los comités de regulación ferroviaria y de regulación económica aeroportuaria) se convierta en un cuello de botella que retrase la resolución de los expedientes, informes y controversias.Un regulador más barato

Lo que sí garantiza el departamento que dirige Luis de Guindos es que será un sistema de reguladores menos costoso. Sus cálculos apuntan a que el ahorro anual por el nuevo modelo será de 28 millones de euros, aunque no cuantifican las posibles ganancias que se obtendrán por la mejor eficacia de su funcionamiento.

Esos 28 millones no supondrán, sin embargo, un ahorro neto íntegro para el presupuesto público. Los actuales órganos reguladores se financian en buena medida, en algunos casos como la CMT íntegramente, con las tasas que abonan los operadores que regulan.

Según el Ministerio de Economía, parte de los ahorros que se pongan de manifiesto con la puesta en marcha del nuevo regulador podría terminar beneficiando a las empresas vía reducción de tasas. "Se cobrará a las empresas únicamente lo que sea necesario para financiar su propia regulación".