Los evasores pasan de la amnistía fiscal: Hacienda sólo recauda 52 millones en los dos primeros meses

2.500 millones de euros, consignados en los Presupuestos Generales y, por tanto, necesarios para que el Estado cumpla con el objetivo de déficit del 4,5% del PIB fijado para este año.

Ésa era la previsión de ingresos que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas había estimado para una de las medidas de política económica más controvertidas que se ha adoptado en España en los últimos tiempos: la amnistía fiscal, que ofrece a los evasores la posibilidad de regularizar a un coste reducido los bienes y derechos que han ocultado a la acción del Fisco en los últimos años.

El pasado 4 de junio Hacienda abrió la ventana para que los defraudadores puedan regularizar su situación con el Fisco, pero cuando nos aproximamos al ecuador del plazo dado por el Ejecutivo para este proceso, que finalizará el próximo 30 de noviembre, muy pocos han sido los que han decidido aprovechar la oportunidad.

Según datos de la Agencia Tributaria a los que ha tenido acceso lainformacion.com, al cierre del mes de julio Hacienda ha ingresado 52 millones de euros por regularizaciones vinculadas a la amnistía fiscal, es decir, apenas un 2% de los ingresos totales de 2.500 millones que el Ejecutivo prevé obtener a cuenta de esta regularización extraordinaria.

La mayoría de esos ingresos se han obtenido por la vía de la Declaración Tributaria Especial, la que permite a individuos y empresas regularizar con una penalización del 10% -que rebaja en tres y hasta cuatro veces la carga fiscal a la que deberían haber hecho frente los defraudadores en buena ley- aquellos bienes y derechos no declarados en su momento en el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y cuya ilegalidad no ha prescrito. Por este cauce Hacienda había ingresado al cierre de julio poco más de 50 millones de euros.

La segunda vía de regularización es el Gravamen Especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera que permite a las empresas repatriar las rentas y dividendos obtenidos por sus filiales en paraísos fiscales abonando un 8% de esos rendimientos, frente al 30% o el 25% que deberían haber abonado en condiciones normales. Por esa vía la Agencia Tributaria ingresó entre junio y julio 1,47 millones de euros, cuando su objetivo global es recaudar 750 millones.

Esos 52 millones ingresados hasta ahora por Hacienda implican que los bienes y derechos acumulados de manera irregular a espaldas del Fisco aflorados hasta el momento ascienden a unos 500 millones de euros, muy lejos de los 25.000 millones que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó que podrían emerger con esta iniciativa.

Según fuentes conocedoras del proceso, la Agencia Tributaria apenas ha recibido solicitudes de regularización durante el mes de agosto y el rendimiento recaudatorio ha sido similar al de los meses anteriores.

De seguir este ritmo, los ingresos que obtendría Hacienda de este controvertido proceso superarían a duras penas los 150 millones de euros.

Desconfianza e inseguridad jurídica

¿Qué está ocurriendo para que la amnistía fiscal no esté funcionando como el Gobierno esperaba? Las quejas de abogados y asesores fiscales han apuntado desde el principio a la inseguridad jurídica. ¿Qué bienes podían regularizarse o qué bienes no? ¿Podría aprovechar la Inspección para abrir investigaciones paralelas a los que optaran por regularizar sobre posibles fraudes en impuestos no incluidos en la amnistía fiscal? ¿Se garantizaría el anonimato de los que se acogieran a la amnistía?

Hacienda ha hecho lo posible por disipar esas dudas y facilitar que aquellos que pretendieran regularizar lo hicieran sin ninguna preocupación. Primero, en una decisión muy polémica, admitió la regularización de cantidades en efectivo con los únicos requisitos de admitir la titularidad del mismo desde antes del 31 de diciembre de 2010 y de que sea depositado en una cuenta de un banco español, europeo o del Espacio Económico Europeo.

Después, flexibilizó las condiciones para aflorar y regularizar los bienes y cantidades ocultos y ya prescritos; y su última medida ha sido suavizar los requisitos para que las empresas repatríen cantidades acomodadas en paraísos fiscales.

Sin embargo, los esfuerzos de Hacienda no han sido suficientes para animar a los evasores a regularizar su situación.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), una de las organizaciones más representativas del colectivo que tiene la misión de asesorar a los contribuyentes que quieran ponerse al día con Hacienda aprovechando este proceso, advirtió hace poco más de un mes al Gobierno de que las condiciones legales de la regularización seguían sin dar a sus clientes la seguridad de que no habría futuras represalias contra ellos y expresaban, asimismo, su temor en relación a los recursos conta la amnistía planteados ante la Audiencia y el Tribunal Constitucional, ya que podrían acabar declarándola ilegal con consecuencias imprevisibles para sus clientes.

Los asesores demandan al Gobierno que eleve el rango legal de la amnistía fiscal y la tramite como proyecto de ley para apuntalar su valor jurídico y evitar sorpresas en los tribunales. Una medida que, entienden, debería ir acompañada de la suspensión temporal del proceso para acompasar el mismo al trámite legislativo.

El Ministerio de Hacienda no se pronuncia sobre esta posibilidad, pero confía en que haya una resolución positiva por parte de la Audiencia Nacional y en que ésta anime el ritmo de regularizaciones antes de la fecha límite del 30 de noviembre.

Buscando causas, otras fuentes apuntan a la situación económica de España. En un momento en el que se está produciendo una fuerte huída de capitales por las dudas sobre la situación financiera del país no parece el mejor momento para repatriar dinero, argumentan.

La otra parte implicada, los inspectores de Hacienda, el colectivo que debe gestionar las declaraciones de regularización de los defraudadores cuyo trabajo consiste en perseguir, entienden que los resultados recaudatorios de la amnistía fiscal demuestran que ésta fue "una mala decisión, que nunca se debería haber adoptado y que no ha merecido la pena", en palabras de Francisco de la Torre, secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, representativa de 1.400 inspectores, la práctica totalidad del colectivo. "Merecería la pena que el Gobierno la retirara", concluye.