"Con normalidad comenzaron hoy su operación las cinco divisiones de Codelco que ayer fueron afectadas por las movilizaciones de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC)", señaló la estatal en un comunicado.
Trabajadores contratados por empresas tercerizadas, que brindan servicios a Codelco, demandan mejoras salariales y en las condiciones de trabajo para acercarse a los beneficios que reciben unos 20.000 empleados directos de la estatal.
El miércoles se produjeron cortes de rutas y bloqueos a los accesos de las operaciones en las divisiones Chuquicamata -considerada la mina a cielo abierto más grande del mundo-, Gabriela Mistral, Salvador (norte), Andina y El Teniente (centro).
"La baja adhesión y la violencia empleada contra otros trabajadores contratistas y de Codelco caracterizó a las movilizaciones ocurridas ayer, sin afectar la producción" de la cuprífera encargada de la producción de casi un 11% de la oferta mundial del metal, agrega la misiva.
Por su parte, la CTC confirmó a la AFP que este jueves continuaban las movilizaciones de sus asociados.
Las movilizaciones de la CTC -que se iniciaron en julio y se prolongaron con intermitencias hasta la actualidad y provocaron paralizaciones en varias divisiones- se reanudaron el miércoles luego de que se interrumpiera una mesa de diálogo en la que empresas tercerizadas y trabajadores con la presencia de Codelco intentaban buscar una salida a la crisis.
La CTC acusa a la minera de represalias y prácticas antisindicales, mientras que la estatal deploró este jueves "la violencia empleada por los dirigentes de la suprasindical" y advirtió que presentará acciones judiciales por incidentes que involucraron a sus empleados.
El conflicto provocó en los últimos meses pérdidas por 80 millones de dólares a la minera, en momentos en que el precio del cobre en el mercado internacional se ha visto afectado por la desaceleración de la economía china.
La estatal -que vuelca todos sus excedentes al Estado chileno- emitió el miércoles un bono por 2.000 millones de dólares a diez años de plazo, medida que se suma al plan de austeridad que implementa la directiva y que incluye reducciones de sueldos de sus ejecutivos.
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