Pasaron los 100 días de cortesía, se celebraron las elecciones andaluzas del 25 de marzo, se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado y se conocieron reformas laboral, financiera y de estabilidad. Hasta ahora, siempre había una razón de peso para no entrar en los detalles de otras medidas adicionales.
Pero la prima de riesgo volvió a desbocarse, la Bolsa coquetea con sus mínimos en una década y Moncloa tuvo que acelerar los ajustes en Sanidad y Educación, aprobados el pasado viernes en Consejo de Ministros tras una negociación exprés con las comunidades autónomas.
¿Es suficiente todo lo que se ha hecho? Ni de lejos. Y no porque así lo digan los mercados. Antes de que termine el mes de abril, el Gobierno español está obligado a enviar a la Comisión Europea su Programa de Estabilidad y su Programa Nacional de Reformas, el primero centrado en política fiscal y de convergencia y el segundo, en medidas estructurales.
Suena a trámite, pero la normativa comunitaria exige una exposición detallada de los objetivos económicos de cada Estado y con qué medidas específicas se van a conseguir. Obviamente, se incluyen las acciones ya adoptadas y se explicita el desarrollo que se espera de ellas (aquí también puede ser curioso cómo calcula Moncloa el impacto real de su reforma laboral durante este año y el próximo, por ejemplo).
Pero hay que ofrecer más a Europa. Bajo esa exigencia, el Gobierno tuvo que precipitar, hace dos semanas, el anuncio de las reformas sanitaria y de educación, lo que se entendió en un primer momento como un intento de aplacar el nuevo nerviosismo que había tomado los mercados.
De hecho, aquella reunión de Moncloa de la que salió la enigmática nota de prensa que adelantó los ajustes en estas dos áreas era una aproximación a la elaboración final del plan de estabilidad.
Y las palabras de Rajoy desde México asegurando que lo tenía todo controlado hasta junio también ahondan en la previsión que debe contemplarse en la redacción de estos programas para Europa.
Por poner un ejemplo, el último que realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la primavera de 2011, constaba de 50 páginas y detallaba acciones que iban a tomarse en materia laboral, energética, educativa, social y de I+D, entre otras muchas.
Justificaba su reforma laboral (la que le costó la huelga de septiembre de 2010), anunciaba nuevas medidas de lucha contra el fraude en la Seguridad Social, prometía un impulso a la investigación y calculaba el ajuste para el cumplimiento de Kioto, con lo que se abordaba de forma extensa la política en materia de energía.
Lo que digan en Bruselas
El proceso de elaboración del Programa de Estabilidad arranca en noviembre, en el punto de partida del actual semestre europeo, y es entonces cuando se mandata a los países para que elaboren sus propios planes antes de abril. Eso sí, el desarrollo de cualquier programa debe abordarse desde los criterios tradicionales de estabilidad y corrección de déficit que promulgan desde la UE.
Luego, una vez enviados los planes con el cierre de abril, Bruselas emitirá sus recomendaciones y correciones durante el mes de mayo, así como los objetivos que deberán cumplirse en materia macroeconómica en función del entorno (sobre todo, el famoso límite de déficit, ahora situado en el 5,3% del PIB).
Llega entonces el momento del debate de las recomendaciones en el Consejo Europeo de junio y el visto bueno definitivo del Consejo Europeo.
En un principio, el Gobierno popular establecerá en su programa el compromiso de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013, y se incluirá un cuadro macroeconómico que refleje que la mayor estabilidad presupuestaria y las reformas estructurales dirigidas al crecimiento supondrán un cambio en la tendencia recesiva y de destrucción de empleo que ahora experimenta la economía española, en palabras del propio Gobierno.
Este programa reafirmará asimismo el compromiso de reducción del déficit de las comunidades autónomas al 1,5% del PIB en 2012.
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