Los beneficiarios de la amnistía fiscal regularizan 30.000 millones a coste cero

"Les voy a dar un titular", anunció con soltura el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dirigiéndose a la zona en que se situaban los periodistas, ante el asombro de buena parte de los diputados que asistían a la comparecencia del ministro en el Congreso para explicar, pensaban sus señorías, si Luis Bárcenas se había beneficiado o no de la amnistía fiscal.

El titular en cuestión era que, según las estimaciones de Hacienda, la amnistía fiscal había permitido aflorar bases ocultas por una valor global de 40.000 millones de euros, que a partir de ahora se convertirían en bases tributarias potencialmente gravables tanto por las arcas del Estado como por las autonómicas y las de las entidades locales.

El dato pretendía subrayar que, al fin y al cabo, el "proceso extraordinario de regularización de capitales ocultos" como lo ha denominado el Gobierno había sido un éxito al situar bajo el radar de Hacienda un volumen tan importante de rentas antes ocultas, y que ahora sí se podrán gravar año tras año.

El titular del ministro se quedó lejos de alcanzar su propósito. Bien al contrario, lo que hizo fue alimentar la indignación del segmento de diputados más beligerantes con las posiciones del Gobierno, que comenzaron a interrogarle sobre cómo era posible que sólo se hubieran recaudado 1.200 millones si Hacienda reconocía haber aflorado 40.000 y el tipo previsto para acogerse a la amnistía fiscal era del 10%. Vamos, que no les cuadraban las cuentas.

La conclusión que alcanzaron sus señorías, alentados, bien es cierto, por el silencio de Montoro, fue que al final los defraudadores sólo habían pagado un 3% por lo que habían regularizado y no un 10% como aseguraba el Gobierno.

Ese 3% sale del resultado de dividir las rentas afloradas, 40.000 millones, entre los ingresos obtenidos, según esa cuenta el tipo que se habría aplicado a los defraudadores sería del 3%.

Bueno, eso no es exactamente así. Los beneficiarios de la amnistía fiscal sí han pagado un tipo del 10% por las cantidades que han regularizado dentro el proceso de amnistía fiscal. Eso sí, han pagado ese 10% sólo por las cantidades en que procedía hacerlo, es decir, por los rendimientos generados desde 2007.

Según los datos de Hacienda en esa situación estarían unos 12.000 millones de euros, que habrían generado esos casi 1.200 millones de euros de ingresos fiscales.

¿Qué pasa con los 28.000 millones de euros restantes? Una cantidad, por cierto, que es provisional y que aún podría ser más elevada, según admiten desde el Ministerio.

Según las mismas fuentes, se corresponderían con los rendimientos generados por esos activos en ejercicios ya prescritos a efectos penales, pero que los beneficiarios de la amnistía habrían incluido igualmente en sus declaraciones tributarias.

La pregunta es: si a efectos penales ya están prescritos y Hacienda no exige incluirlos en la Declaración Tributaria Especial, ¿por qué los defraudadores los incluyeron de forma tan masiva en la regularización?

¿Cantidades ya prescritas?

Para Javier Martín, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y socio director del despacho F&J Asesores, la respuesta está en la seguridad jurídica.

En su manual La Amnistía Fiscal, Martín explica que si Hacienda descubriera a un contribuyente una renta generada de forma irregular no regularizada y éste no pudiera acreditar de forma fehaciente que se ha generado en un periodo concreto ya prescrito, algo probable tratándose de derechos y bienes ocultos al fisco, podría perfectamente considerarla obtenida en el momento de su descubrimiento desactivando cualquier posible prescripción.

En cambio, "si se declaran las rentas por periodos impositivos prescritos, la Declaración Tributaria Especial impediría que la Administración las considere obtenidas en el periodo impositivo en que hubieran sido descubiertas, diluyendo cualquier responsabilidad tanto penal como fiscal".

Es decir, que esos 28.000 millones supuestamente prescritos hubieran estado sujetos a un margen de incertidumbre fiscal e incluso penal, que, de esta manera, han evitado, y además a un coste fiscal cero.

El fenómeno, no obstante, es muy beneficioso para las arcas públicas, como defendía el ministro Montoro.

Esos 40.000 millones de euros no sólo se convertirán en ingresos fiscales a partir de 2013, sino que ya habrán generado recaudación este mismo año en forma de declaraciones complementarias para regularizar la situación en IRPF, Impuesto de Sociedades o Patrimonio respecto al ejercicio de 2011.

Hay que recordar que la amnistía fiscal permitía regularizar las rentas generadas hasta el 31 de diciembre de 2010 y que los beneficiarios de la misma deberían haber presentado declaraciones complementarias por los impuestos no pagados en el ejercicio de 2011 (último por el que se ha pagado impuestos).