El objetivo del Gobierno por garantizar el cumplimiento del déficit ha llevado al Consejo de Ministros a conferir al Ministerio de Hacienda el poder necesario para sancionar a quienes incumplan esta máxima.
En concreto, la cartera dirigida por Cristobal Montoro podrá actuar contra aquellos altos que, con su conducta, vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria, normativa que, además, confiere al Estado las armas para poder intervenir a las Comunidades Autónomas que incumplan los planes de ajuste.
El alcance del poder conferido a Hacienda afecta a los altos cargos tanto del Estado, como de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que vulneren las reglas de austeridad. Entre las sanciones que podrá imponer, estará retirarle la condición de alto cargo, excepto en el caso de ministros, responsabilidad que recaerá sobre el propio Gobierno.
No obstante, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha aclarado que no corresponde a Hacienda el poder de inhabilitación, ya que al tratarse de una pena, no de una sanción, y como tal recae sobre los tribunales toda potestad.
Hispabonos y planes de ajuste
La Ley de Estabilidad Presupuestaria se puso por primera vez en marcha ayer, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una reunión que concluyó con el suspenso de Asturias, comunidad que ahora tiene 15 días para presentar un nuevo programa de recortes si no quiere ser intervenida.
Respecto a los hispabonos, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que no se ha debatido en la reunión del Consejo de Ministros de hoy, aunque admite que el Gobierno es consciente de las necesidades de financiación de las regiones.
Éstas llevan tiempo pidiendo poder emitir deuda con aval del Estado, mecanismo que ya ha sido bautizado como hispabonos. El ministro Montoro aseguró ayer que prevé tener creado algún tipo de instrumento en julio, pero rechazó dar detalles sobre éstos.
La vicepresidenta tampoco ha querido dar más datos y se ha limitado a asegurar el compromiso del Gobierno con tener en pocos meses los mecanismos que permitan financiarse a las comunidades, pero sin garantizar que éstos lleven el aval del Estado.
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