Pague usted mañana: la crisis multiplica los impagos a Hacienda de los españoles

España es uno de los países que más facilidades ofrece a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. A la hora de pagar sus impuestos, cualquier individuo o empresa puede hacerlo en dos o hasta tres plazos e incluso puede retrasar varios meses el abono de su factura fiscal con un coste mínimo, y sin necesidad de aval alguno si la cantidad aplazada es inferior a 18.000 euros.

Desde el Ministerio de Hacienda siempre se ha defendido este marco como un buen cauce para aliviar la situación de contribuyentes en apuros, pero la crisis ha convertido lo que era un recurso de emergencia en una estrategia habitual.

El año pasado, el número de contribuyentes, particulares y empresas, que solicitaron aplazar el pago de sus impuestos superó por primera vez el millón y medio y se elevó hasta los hasta los 1,64 millones, 230.000 más que en 2010. Antes de que se desencadenara la crisis, lo habitual era que la cifra de contribuyentes que retrasaba sus impuestos oscilara entre los 400.000 y los 500.000.

Hablando en euros contantes y sonantes, si antes de la crisis la cuantía de los impuestos que se pedía aplazar rara vez superaba los 3.000 millones de euros, apenas un 1,4% de la recaudación bruta total; en 2011, el importe cuyo pago los contribuyentes solicitaron retrasar marcó un nuevo máximo histórico y superó los 16.000 millones de euros, en torno a un 8% de los ingresos totales de la Hacienda Pública durante el año pasado.

Este fuerte incremento en la solicitud de aplazamientos ha sido el indicador más fiable de un fenómeno más preocupante: el crecimiento de los incumplimientos fiscales de los contribuyentes.

Según la Memoria de la Agencia Tributaria de 2011, el volumen de deudas pendientes de los contribuyentes con el Fisco alcanzó el año pasado un nuevo récord tras alcanzar los 30.687 millones de euros. Hace apenas un lustro esas cuentas pendientes apenas superaban los 12.000 millones.

Esta cifra refleja las cantidades que Hacienda se ve obligada a reclamar a los contribuyentes bien porque han incumplido los plazos de pago, bien porque han sido objeto de sanción, y no recoge los fraccionamientos o aplazamientos de pago que si bien aún no han sido cobrados, aún podrían ingresarse en tiempo y forma.

En el transcurso del ejercicio, la Agencia apenas pudo gestionar uno de cada cuatro euros de este volumen total, en concreto 9.249 millones de euros. Gestionar significa que se iniciaron los trámites para cobrar esas deudas, no necesariamente que se cobraran, según confirman desde la Agencia Tributaria.

Eso significa que hubo 21.428 millones, nada menos que el 2% del PIB, sobre los que ni siquiera se iniciaron esas gestiones. Algunas referencias pueden ayudar a hacerse una idea de lo que para las cuentas públicas significaría dejar de cobrar esos 21.000 millones de euros.

Para empezar, semejante cuantía duplica los ingresos por actuaciones de la inspección de Hacienda en un año. Además, si se cobrara de una sola vez tendría un efecto en la recaudación superior a todas las subidas fiscales en el IRPF, IVA, Sociedades, Tabaco, Electricidad y Gasolinas aprobadas por los dos últimos gobiernos en los últimos cuatro años y permitiría reducir el déficit público en un 25% de una sola tacada.

Según la Agencia Tributaria, ese incremento de los impagos se explica esencialmente por la situación económica, que se traduce en un incremento de la morosidad, no sólo de la tributaria sino también de la bancaria, y un repunte de las quiebras de empresas y, por consiguiente, de los impagos de obligaciones fiscales.

Pero también se admite que existe un volumen de esas deuda que responde al impago de obligaciones tributarias tras aplazamientos de pago.

Además, Hacienda nunca aplaza todo lo que se le solicita. Según la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha), el Fisco termina autorizando en torno a un tercio de los aplazamientos solicitados, dado que exige un informe de viabilidad previo para evitar aplazar pagos a empresas insolventes. "El resto, o pide un crédito para tratar de hacer frente a sus obligaciones fiscales o, directamente, no las paga", señalan desde esta asociación.