Salvados: "Políticamente no interesa acabar con la economía sumergida"

Dos días después del fin del plazo para acogerse a la amnistía fiscal, Salvados ha presentado 'Fraude rico, fraude pobre', con la intención de analizar la 'economía sumergida' y responder algunas cuestiones de interés general para la ciudadanía. ¿Es equiparable el pequeño fraude con el fraude de las grandes compañías? ¿Se dedica el mismo esfuerzo a perseguir el uno que el otro?

En busca de respuestas,Jordi Évolecomenzó su periplo en Sevilla, donde charló conGerardo Parejo, impulsor de laPlataforma multisectorial contra la economía sumergida en Andalucía, que aseguraba no conocer a ningún empresario que no hiciese una factura en negro. Pese a ello, y en su lucha contra el fraude fiscal, Parejo aseguraba que había entre 70.000 y 80.000 millones de euros en la economía sumergida".

Después de haber informado a la Agencia Tributaria, al Ministerio de Industria y a otras instituciones deenorme calado en la materia de todas las investigaciones que han llevado a cabo, sin obtener respuesta alguna, Gerardo Parejo asegura haber llegado a la conclusión de que"políticamente no interesa quitar la economía sumergida".

Quien se definía a sí mismo como "Robin Hood moderno" era el inspector de Hacienda Raúl Burillo, que coordinó la operación por la cual la Agencia Tributaria y la Policía descubrieron aquello que hoy conocemos como el 'Caso Noos'. Este inspector no alberga dudas al afirmar que "el fraude fiscal en nuestro país está en los paraísos fiscales y en aquellas situaciones en los que el Estado no ingresa aquello que debería". Y es que, "la mayor parte de las actuaciones acaban en un tribunal de lo contencioso porque los implicados no están de acuerdo con nuestras decisiones", asegura Burillo.

Aunque este inspector de hacienda asegura que los pequeños y los grandes fraudes "han de ser perseguidos de diferente forma", el principal problema que plantea el sistema tributario español es que "la Agencia tributaria es una de las más modestas de Europa", por lo que el control que es capaz de ejercer no es el adecuado. Pese a que, como apuntaba Burillo, "de cada 60 céntimos que se han invertido en la Agencia Tributaria, aproximadamente ésta ha conseguido 100 euros".

Y todo ello, pese a que las grandes compañías, como apuntaba Raúl Burillo, tienen asumido que "el fraude es de pobres", ya que ellas consiguen reducciones por multitud de vías como, por ejemplo, el I+D. Tanto es así, que este inspector apuntaba que si fueran ciertas las partidas de sus presupuestos que las empresas destinan a este aspecto estaríamos a la cabeza de Europa en investigación.

Pero, al parecer, esta situación interesa. O al menos eso es lo que los políticos tratan de hacer creer a los ciudadanos. ¿Por qué si no tendríamos que convivir con una ley tributaria tan injusta? A juicio de Raúl Burillo, esto se hace así porque los gobiernos de nuestro país prefieren que las empresas tributen menos, pero que no se marchen de nuestro territorio. "La crisis que tenemos en España es una crisis de ingresos", aseguraba este reputado inspector de hacienda.

En la vertientepolíticadel asunto, Jordi Évole charló con Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida. Su formación es una de las más fervientes opositoras a ley de amnistía fiscal, o regulación (como guste), que ha promovido y aprobado el Gobierno del Partido Popular. Una medida con la que, según Llamazares, "el Gobierno ha trasladado a los ciudadanos la idea de que el dinero negro se regulariza". Así, lejos de ponerse de parte de los ciudadanos trabajadores que religiosamente tributan cada mes una parte de su salario, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular fueron partidarios de derogar el 'impuesto de patrimonio', así como de hacer públicas aquellas personas que tenían una cuenta en Suiza.

"No es delito tener una cuenta en Suiza cuando en tu país se sabe que tienes una cuenta en Suiza. Esto no vulneraría la vida privada de las personas", aseguraba Gaspar Llamazares. Una perspectiva con la que no coincidía Ana María Madrazo, portavoz de la Comisión de Hacienda del grupo parlamentario del Partido Popular, que se mostraba partidaria de que, en lugar de tributar de la misma forma que lo hacen los ciudadanos, las grandes compañías, gracias a la nueva ley de amnistía fiscal, contribuyan con tan solo un 10%. "Es mejor un diez que nada, ¿no cree?", aseguraba Madrazo evidenciando aquello que ya apuntaba Gaspar Llamazares: "existe complicidad entre el poder y las empresas, cuando lospartidosasumen las presiones de los lobbys".