La Comisión Europea ha defendido las virtudes y la legalidad de su actualizada propuesta para la introducción de una tasa a las transacciones financieras en once países de la UE, entre ellos España, ante las críticas de EEUU y de patronales, y las dudas surgidas sobre la posible doble imposición.
El impuesto, que se convertirá previsiblemente en una realidad el 1 de enero de 2014 en Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Eslovenia, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia, España y Estonia, permitirá recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año.
Según las estimaciones realizadas por la Comisión Europea, la tasa sobre transacciones financieras podría generar unos 5.000 de euros por la actividad financiera desarrollada en España.
Estos países crearán la primera tasa a las transacciones financieras a nivel regional, dada la imposibilidad de impulsarla globalmente por la oposición de EEUU y otras grandes economías.
La Comisión Europea plantea, al igual que ya hiciera en su propuesta inicial de 2011, gravar con un 0,1% las transacciones con acciones y bonos, participaciones de fondos de inversión colectiva, acuerdos de recompra y de préstamo de valores e instrumentos del mercado monetario, y con un 0,01% las operaciones con derivados.
Los países participantes pueden decidir aumentar estas dos tasas, cuya recaudación se destinará, en parte, al Presupuesto de la Unión Europea, con la consiguiente reducción de las contribuciones nacionales.
La tasa cubre "todas las instituciones financieras" y "todos los instrumentos y mercados" y tendrá que ser pagada si existe un vínculo económico establecido con lo que se llamará la "zona de la tasa a las transacciones financieras" en la UE.
Para evitar una deslocalización de operaciones y empresas a países de la UE que no participan en la zona -como el Reino Unido- y países terceros con el objetivo de eludir el impuesto, la CE ha recurrido al llamado "principio de residencia".
Así, se pagará la tasa siempre que alguna parte de la transacción se realice en uno de los once países miembros participantes, con independencia de en qué parte del mundo se efectúe la operación.
Principios reguladores de la tasa
A esta fórmula se suma el "principio de la emisión", lo que implica que, cuando se emiten los instrumentos financieros en alguno de los once Estados miembros, éstos serán gravados incluso si las partes que negocian con ellos no se encuentran en estos países.
Las "actividades financieras cotidianas" de los ciudadanos y las empresas no se verán afectadas por la tasa, es decir contratos de seguros, hipotecas y préstamos, transacciones con tarjetas de crédito, depósitos y operaciones de divisas al contado, entre otras.
Tampoco gravará la captación de capital mediante la emisión de acciones y bonos en el mercado primario, ni ciertas operaciones de reestructuración o las transacciones financieras con el Banco Central Europeo (BCE), bancos centrales nacionales y los fondos de rescate de la eurozona.
La CE no puede garantizar que los bancos carguen parte o todo el impuesto a los clientes, pero recalca que un ciudadano que compre acciones por 10.000 euros tendría que pagar una tasa de 10 euros.
Otra duda es cómo recaudarán los once países la tasa cuando un banco danés vende letras del Tesoro alemán a una entidad sueca y la transacción se hace en el mercado de Londres, por ejemplo, pero Semeta recordó que la UE dispone de directivas de cooperación administrativa y de asistencia mutua para el cobro de impuestos y habrá directrices para los once estados.
Críticas
Wall Street y el Tesoro estadounidense han criticado ya la implantación unilateral de la tasa, porque opinan que perjudicará los intereses de los inversores estadounidenses y que es contraria a las normas internacionales en la materia y conducirá a posibles imposiciones dobles y múltiples, según Financial Times.
También la patronal europea, BusinessEurope, sostuvo que la tasa "aumentará el coste del capital, alentará la deslocalización de negocios y perjudicará el crecimiento y el empleo".
El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, ha subrayado la legalidad de la propuesta diciendo que es "indiscutiblemente justa, técnicamente sólida y legalmente fuerte" y además "cumple plenamente con la normativa sobre fiscalidad internacional".
Los principios de residencia y de emisión son ampliamente utilizados en este ámbito, y la Comisión ha respetado el principio de la territorialidad, ha agregado el comisario, que abordará este tema en el viaje que hará la próxima semana a EEUU.
En cuanto a la posibilidad de que haya dobles imposiciones, Semeta admitió que esta cuestión tendrá que ser abordada durante las negociaciones de la propuesta en el Consejo.
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