Gobierno y Banco de España se lavan las manos ante la ruina de los accionistas de CAM

Ha vuelto a ocurrir. Con el desacalabro de la CAM, miles de inversores se han visto pillados en una nefasta inversión, las cuotas participativas, y tras perder todo su dinero, nadie se hace responsable.

Pese a que España cuenta con todo tipo de organismos reguladores, los últimos escándalos relacionados con inversiones fallidas (desde Gescartera hasta Forum-Afinsa, pasando por Terra o los pagarés de Rumasa) han terminado de la misma forma para las víctimas: han perdido su dinero y la Administración se encoge de hombros.

En el caso de la CAM, son unos 54.000 los inversores los que tenían sus ahorros invertidos en este hermano pequeño de las acciones que se inventaron las cajas para poder captar financiación cuando tenían cerrado el mercado de valores.

De hecho, las cuotas participativas son muy parecidas a las acciones, pero no tienen derecho de voto, y por tanto, la única vía que tienen los inversores para censurar a un mal equipo gestor, como se ha demostrado finalmente en CAM, se les prohibía.

¿Quién velaba entonces porque unos malos administradores no tiraran su dinero a la basura? En teoría, como mínimo, el Banco de España, y por encima de éste, su jefe, el Ministerio de Economía. Pero ambos rechazan cualquier responsabilidad.

Y eso, que el motivo de que estos 54.000 inversores hayan perdido sus ahorros es, según ha tenido que reconocer la propia CAM -todavía dirigida por los administradores que nombró el Banco de España- ante la CNMV el grifo de pérdidas de la entidad, que ha llevado a tener que valorarla a cero antes de vendersela a Sabadell.

Muchos de los inversores que compraron las cuotas participativas poco o nada sabían de que depositar aquí su dinero era tan arriesgado como salir a bolsa. Y tampoco se hizo nada para impedir que la mala gestión de la caja terminara llevándola a donde la ha llevado: una tardía intervención del Banco de España y su posterior venta a Sabadell por el simbólico precio de un euro.

A pesar de su labor de regulador financiero, y, por tanto, de garante de la buena administración de estas entidades, el Banco de España se lava las manos también en este caso y asegura que el regulador financiero "no es el emisor de las cuotas" y, por ello, no tiene que responder a esta situación.

Es más, desde el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez apuntan que "ni siquiera Banco Sabadell, que ahora es el propietario de Banco CAM, está obligado directamente a buscar una solución".

Tampoco el supervisor de la bolsa, la CNMV, se da por aludido y recuerda que su ámbito de responsabilidad se limita a garantizar que, en su momento, la oferta cumplía con todos los requisitos legales. Como así era.

"Las cuotas participativas son propias de la Fundación CAM y pertenecen a ella; por eso, la responsabilidad en las decisiones son suyas", señalan desde el supervisor.

No obstante, estas excusas contrastan con la afirmación de la vicepresidenta en funciones y ministra de Economía, Elena Salgado, quien el pasado lunes dijo que las decisiones que se tomen respecto a las cuotas participativas de la CAM son competencia del Banco de España y de la CNMV y "no forma parte del ámbito de actuación del Ministerio de Economía".

Y en medio de este juego de Pilatos, los afectados ya han empezado a movilizarse y se están agrupando para estudiar demandar al antiguo consejo de administración de la caja para reclamar que respondan con su patrimonio personal a las pérdidas sufridas por la situación de la entidad intervenida por el Banco de España.