MADRID. EL AYUNTAMIENTO NO SUSPENDERÁ LAS INVERSIONES APROBADAS QUE LE INSTA A ANULAR EL GOBIERNO

- El PSOE respalda al Gobierno municipal frente a la "presión política intolerable" de Hacienda para desestabilizar al Consistorio. El Ayuntamiento de Madrid ha remitido esta semana a la Delegación de Gobierno un escrito en el que rechaza el requerimiento de anulación de inversiones aprobadas en el Pleno municipal argumentando que no las ejecuta con los 238 millones de euros que le obligó a inmovilizar el Ministerio de Hacienda.
La misiva, firmada por el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, replica que los requerimientos de la Delegación del Gobierno para dejar sin efecto los acuerdos de los plenos municipales de junio y julio no se ajustan a Derecho porque interpretan que las inversiones aprobadas se sufragan con esos 238 millones, cosa que niega el Ayuntamiento.
Tras excederse el Consistorio en 233 millones sobre el límite que le imponía la regla de gasto en 2016, el Ministerio de Hacienda y Función Pública le impuso, con el objeto de compensar ese exceso, un acuerdo de no disponibilidad de 238 millones respecto a las inversiones presupuestadas para este año.
El Ayuntamiento, aun contrario a esa interpretación, toda vez que las cuentas municipales presentan superávit, accedió a aprobar ese acuerdo, e inmovilizó ese dinero en dos fases: 104 millones por acuerdo del pleno de abril y los 134 restantes en el de mayo.
Sin embargo, dentro del empeño del Gobierno municipal en que eso no menoscabara sus inversiones, sacó una cantidad idéntica de dos fuentes: por un lado, pasando a inversiones financieramente sostenibles (que son sufragables con cargo al remanente de tesorería y no computan en el déficit fijado por la regla de gasto) unas que sumaban 144 millones, y, por otro, aplazando a finales de año transferencias a empresas municipales, para las que Sánchez Mato aseguró que tiene el dinero garantizado.
De esa forma, el Pleno municipal de junio dio luz verde a suplementos de crédito y créditos extraordinarios por valor de 230 millones de euros y el de julio a otros por valor de 72 millones. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rechazado también esta forma de sufragar las inversiones, a lo que el delegado de Economía ha contestado que no se “tenido en consideración la normativa financiera y presupuestaria que ampara las modificaciones presupuestarias aprobadas”, que es distinta al dinero inmovilizado. Además, Mato indicó que el 43% de las actuaciones están tramitadas ya y algunas incluso se han finalizado, por lo que sería legalmente inviable proceder a su paralización.
Entre las 577 actuaciones están instalación de desfibriladores en los mercados de Madrid, la compra de autobuses, la operación asfalto, la replantación y cuidado del arbolado, las obras de restauración de las Murallas de Madrid o el templo de Debod, las mejoras en 93 colegios públicos, el acondicionamiento de instalaciones deportivas, centros culturales y de mayores o cementerios.
Desde el PSOE, la portavoz socialista en Economía y Hacienda, Érika Rodríguez, respaldó a Mato y denunció que los requerimientos de anulación de la Delegación de Gobierno suponen “una aplicación desproporcionada e injusta de la regla de gasto" y son una más de toda una serie de medidas “inauditas” que buscan desestabilizar al Ayuntamiento que ha demostrado un mejor comportamiento en materia de estabilidad presupuestaria que el propio Gobierno Central o la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP.
Para Erika Rodríguez estamos ante una “presión política intolerable”, incoherente además con el hecho de que el Grupo Municipal Popular votó a favor de algunas de las actuaciones que ahora la Delegación del Gobierno pide anular.