Canalda comparecerá mañana en la Asamblea para explicar la fiscalización del Canal por parte de la Cámara de Cuentas

El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, comparecerá este miércoles, a petición de Podemos, en la comisión de Economía y Presupuestos de la Asamblea de Madrid para explicar las actividades de fiscalización y los informes emitidos por la Cámara sobre el Grupo Canal de Isabel II.

Y es que Canalda, además de haber sido defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, fue también presidente de Canal Extensia cuando esta empresa compró Inassa, filial del Canal de Isabel II en Colombia investigada en el marco de la operación Lezo por presuntas prácticas corruptas en el proceso de compra, ya que supuestamente se adquirió con un sobreprecio de 70 millones de euros.

Precisamente hoy, la diputada socialista Mercedes Gallizo ha señalado que los datos que aportó Canalda en una comisión de la Asamblea sobre dicha operación de compra cuando presidía Canal Extensia fueron "inciertos y llenos de inexactitudes". Y es que ha apuntado que con este empresa colombiana se hizo "un montaje similar a la adquisición de Emissao, ya que los propietarios de la misma crearon una sociedad ficticia para vender la empresa a un precio multiplicado".

También esta mañana, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido al actual presidente de la Cámara de Cuentas que dé explicaciones sobre las operaciones realizadas por Inassa.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Podemos anunció hace unos días que pediría en el Pleno de la Asamblea la pérdida de condición de consejero de la Cámara de Cuentas de Canalda, ya que consideran que su idoneidad al frente de este órgano, después de lo que se está conociendo con la operación Lezo, es "cuanto menos dudosa".

"En el peor de los casos Canalda podría estar implicado en lo que el juez denomina 'compra fraudulenta' al ser el máximo responsable. En el mejor, el máximo responsable de la fiscalización del gasto público demuestra que no fue de capaz de ver un agujero de 70 millones de euros en una operación de 100 millones", sostiene Podemos, que añade que "ambos casos ponen de manifiesto que no puede ni debe seguir como presidente de la Cámara de cuentas". También le reprochan que no se haya realizado ningún informe monográfico del Canal de Isabel II en los años en los que ha ostentado la Presidencia, lo que ven "un síntoma de conflicto de interés".

CANALDA SE DEFIENDE

En respuesta a esta petición, Arturo Canalda ha defendido en un comunicado su gestión en la compra de Insassa y la fiscalización que ha hecho durante años la entidad que preside sobre la empresa de agua madrileña. Así, aseguró que dicha compra "se realizó por medio de la participación del Canal de Isabel II en un proceso de licitación internacional, auspiciado por la Banca Rohtschild", un proceso en el que participaron también empresas norteamericanas, italianas, mejicanas y españolas.

En este sentido, explicó que la oferta presentada por el Canal, al igual que el resto, "estuvo avalada por las correspondientes "due-diligences" que valoraron la empresa objeto de dicho concurso, incorporando las nuevas concesiones de las que había sido adjudicataria".

Según indicó, a su llegada al Canal, en septiembre de 2001, la oferta "llevaba preparándose muchos meses por los equipos técnicos de la empresa" y de la documentación que en su día se aportó a los miembros del Consejo por parte de la Dirección Financiera del Canal "no se dedujo en ningún momento que el Canal estuviese comprando una empresa por mucho más valor del que tenía".

Canalda agregó que fue "muy al contrario", ya que tal y como se les informó por parte del equipo que les preparó la oferta, con posterioridad a la salida de los accionistas de Aguas de Barcelona y hasta que la empresa salió a concurso, "se produjeron una serie de hechos relevantes que configuraron el valor de la oferta del Canal".

Estos hechos fueron la renovación por un periodo de 20 años de la concesión de Barranquilla, con tres millones de habitantes; la adjudicación de la concesión de Soledad (700.000 habitantes), la adquisición del 100% de la compañía Metroagua; la adjudicación de concesión en Santo Domingo, República Dominicana; la de San Borondón, Ecuador y la adjudicación de la gestión integral en el Estado de Zulia, Venezuela y que así se expuso por la Dirección Financiera a los miembros del Consejo.

Por otro lado, apuntó que la decisión de participar en el concurso y constituir la empresa Canal Extensia fue adoptada por el Consejo de Administración del Canal el 14 de noviembre de 2001 y que no fue una decisión del director gerente del Canal.

Además, detalló que el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad, en un acuerdo del 21 de noviembre de ese año, autorizó al Canal la constitución de Canal Extensia y la compra de Inassa por los importes que se pagaron, ratificando un previo acuerdo del Consejo del Canal. También autorizó concertar operaciones de crédito a largo plazo para financiar la compra de Inassa.

En cuanto a las fiscalizaciones del Canal por parte de la Cámara de Cuentas, Canalda explicó que el presidente de este organismo no decide sobre los programas de fiscalización ni realiza éstas ya que este cometido "no está entre sus funciones ni tiene equipo de fiscalización adscrito".

De hecho, señaló que desde el inicio de su funcionamiento en el 2001, la Cámara ha realizado distintos informes de fiscalización que incluyen al ente público Canal y sus entidades dependientes, y que han sido notificados a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional. Estos informes analizaban empresas y entes públicos de la Comunidad, como los de 2002, 2003, 2004, 2006 y 2015; el ciclo urbano del agua en la Comunidad (2004), la actividad económica de Hispanagua (2009), y el sistema de contratación de organismos y entidades del sector público (2013, 2014 y 2015).