La fiscalía federal suiza informó este martes que el pedido argentino de 10 cuentas bancarias y documentos judiciales relacionados con el empresario Lázaro Báez, cercano a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, "está en curso de ejecución", según su portavoz Anthony Brovarone.
De acuerdo al exhorto emitido por los magistrados argentinos Sebastián Casanello y Guillermo Marijuan, recibido en Suiza en agosto pasado, la petición contenía solicitud de información sobre una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían por beneficiarios a los cuatro hijos del citado empresario "kirchnerista" (Leandro, Luciana, Martín y Melina).
Tres de esas cuentas se encontrarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Fundación Kinsky, Tyndall Limited Inc. y Fromental Corp.
Las dos restantes estarían a nombre de la sociedad española Wodson Internacional, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de la suiza Helvetic Services Group, una financiera de Lugano "gerenciada" por el italo-argentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza, considerado el "enigmático testaferro" de Lázaro Báez por el fiscal argentino José María Campagnoli, quien lo sacó a luz hace más de 3 años.
La comisión rogatoria argentina se extendía a dos cuentas en el banco Lombard Odier de Ginebra, una bajo la titularidad de la firma Teegan Inc, "constituida en Belice y radicada en Panamá", y la segunda abierta por la antemencionada panameña Tyndall Limited Inc.
El exhorto agregaba otra cuenta que remitiría al Citibank de Ginebra, cubierta por la compañía panameña Redwood Associates Corp, "dirigida por el ciudadano uruguayo Juan Pedro Damiani Sobrero". Y añadía una última cuenta perteneciente a la ya consignada Helvetic Services Group, en el nombrado J Safra Sarasin de Ginebra.
El documento argentino requería también "los testimonios de los representantes legales de los bancos Lombard Odier y J. Safra Sarasin", obtenidos por la fiscalía federal suiza cuando investigaba el caso, y descubriera "22 millones de dólares procedentes de sociedades panameñas emparentadas a la familia Báez", un procedimiento archivado el 11 de diciembre de 2014.
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