Un nuevo informe de Intervención respalda la disolución de la empresa Cádiz 2012, según el Ayuntamiento

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, Navarro ha explicado que en el documento se recoge que ya en 2012 el propio Pleno municipal, con mayoría del Partido Popular, aprobó liquidar esta empresa, dentro del Plan de Ajuste para el pago de proveedores y tras la finalización de los eventos programados dentro del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Una decisión que contó con el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.

Cuatro años más tarde, "el documento elaborado por el Interventor vuelve a recomendarnos que se disuelva esta empresa habida cuenta de las pérdidas económicas y de la finalización de la actividad para la cual fue creada", ha indicado el presidente de la entidad. El informe recoge que la empresa, por sí misma, es incapaz de generar ingresos para sostenerse y hace hincapié en que las pérdidas registradas en 2014 alcanzan los 396.320,70 euros y en 2015 superan los 217.382 euros.

En este contexto, Navarro ha indicado que el interventor propone dos opciones con esta empresa. Por un lado, "conforme al artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, la empresa ha incurrido en causa de disolución, tendiendo la empresa los fondos propios en situación de negativo", y por otro, "en base a la disposición Adicional novena de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (modificada por la Ley 27/2013) y al encontrarse la empresa en situación de desequilibrio financiero, se hace necesario la realización, en el plazo de dos meses, de un plan que corrija dicho desequilibrio".

Ante esta segunda opción, el concejal de Economía y Hacienda recuerda que el artículo 36 de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "prohíbe ampliar el capital mientras que un Ayuntamiento esté sometido al Plan de Ajuste, como es el caso del Consistorio de Cádiz". Por lo tanto, "ante la imposibilidad de inyectar capital a la empresa Cádiz 2012, que además sería el único que recibiría, nos vemos obligados a optar por la primera recomendación del interventor que pasa por la disolución y posterior liquidación de la misma", ha concluido Navarro.