PP cifra en 160 millones "el perjuicio económico" por los cursos de formación en la provincia

En rueda de prensa, Teresa Ruiz Sillero ha subrayado que "en Huelva se puso en marcha la maquinaria para destapar el fraude", y ha hecho mención a la comparecencia en la comisión del interventor de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, donde destacó "menoscabo de fondos públicos y una serie de irregularidades con empresas vinculadas para obtener un beneficio ilícito".

Respecto a la provincia, Ruiz Sillero se ha referido al Consorcio de Formades como "una agencia de colocación de cargos del PSOE con facturas escandalosas del pago de los caramelos de la carroza de los Reyes Magos o del traslado de caballos", siendo la consecuencia de esto "el cierre de este consorcio".

De hecho, ha recordado que el 20 de octubre la juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como investigados a cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido --cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda--, en el marco de dos de las piezas separadas en que ha dividido el caso de los cursos de formación relacionadas con los consorcios públicos de formación de la Junta Ciomijas y Formades.

A su vez, ha citado la empresa 'El Paraíso', que era propiedad del exalcalde de Punta Umbría el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, investigado en la causa, una empresa que forma parte de "todo un entramado", que el PP ha cifrado en Andalucía en, al menos, 45 empresas vinculadas directamente a cargos del PSOE, con "un cómputo global de 101 millones de euros destinados solo a esas empresas".

Del mismo modo, ha lamentado "las trabas puestas por parte de la Junta, que ha negado expedientes claves para averiguar el fraude", a lo que ha añadido que "el PSOE está insistiendo en que todo el fraude de la formación es un globo que se esta desinflando, pero no es así ya que se están investigando en 18 juzgados, más la comisión de investigación en el Parlamento, y se han detectado numerosas irregularidades".

A su vez, ha achacado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, una serie de responsabilidades políticas como la orden de paralización de los cursos de formación, que ha causado "un daño irreparable a los desempleados andaluces", así como "la pérdida de dinero por su propias vinculaciones familiares que la condicionaban a la hora de tomar decisiones".

1.970 MILLONES

Por su parte, Torrico ha recordado que, en total, el PP-A ha cifrado "la factura del perjuicio económico" del presunto fraude de la formación en Andalucía en 1.970,6 millones de euros, según se recoge en el documento que esta formación ha elaborado de propuesta de dictamen y conclusiones de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz y que los populares ya presentaron.

Según el PP-A, de estos 1.970,6 millones, 822,3 millones son fondos estatales perdidos al paralizar los cursos de formación durante cinco años, a los que hay que sumar 46,9 millones de fondos europeos que tuvo que devolver por falta de gestión. Además, hay 539 millones de cantidades pendientes de justificar, 60 millones de reintegros pendientes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), 20 millones de reintegros pendientes de los consorcios de Formación, más 82,4 millones de reintegros no devueltos de entidades a las que se reclama, y 400 millones de cantidades que la Junta aún adeuda a entidades del final de las liquidaciones.

A lo largo de 174 páginas y 14 puntos, el PP hace un "relato" de todos los acontecimientos analizados sobre la formación profesional para el empleo, determinando responsabilidades políticas y haciendo recomendaciones para mejorar la normativa en materia de formación y evitar que el fraude vuelva a ocurrir en Andalucía.

El PP-A eleva responsabilidades políticas para 35 altos cargos del PSOE en los gobiernos de la Junta entre los que están, además de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de los dos expresidentes, los actuales consejeros de Hacienda y Empleo, María Jesús Montero y Sánchez Maldonado; el exconsejero de Educación, Luciano Alonso; cuatro exconsejeros de Empleo; ocho viveconsejeros de Empleo y gerentes del SAE; seis directores generales de Formación Profesional; el director general de la extinta Faffe; y diez delegados provinciales de Empleo con competencia en materia de Formación Profesional para el Empleo.