Portigon demanda a España ante el Ciadi por las primas de las renovables

Portigon, el antiguo banco público alemán WestLB, ha presentado una demanda contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por el cambio en el marco retributivo de las energías renovables, según los registros de la entidad.

Ésta es la primera demanda presentada ante este organismo, dependiente del Banco Mundial, desde que el Ciadi multó a España con 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de primas causó a tres plantas termosolares promovidas por el fondo británico Eiser Infrastructure.

En total son unas treinta las demandas presentadas por inversores internacionales contra España ante el Ciadi al considerarse perjudicados por el cambio en la regulación sobre energías renovables.

La demanda de Portigon, cuyos propietarios eran el Estado de Renania del Norte-Westfalia y las cajas de ahorro alemanas, se registró en el Ciadi el pasado lunes y el tribunal arbitral aún no se ha constituido.

Portigon está representado por el bufete británico Freshfields Bruckhaus Deringer. Los laudos del Ciadi "son definitivos y obligatorios respecto de las partes en la diferencia", aunque el convenio que regula esta institución contempla algunas posibilidades, muy limitadas, de recurrir y nunca "ante los tribunales locales sobre la base del derecho interno o de otros tratados".El Congreso reserva una partida para pagar indemnizaciones

La Comisión de Presupuestos del Congreso ha incorporado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias contra empresas en litigios derivados de la normativa del sector eléctrico.

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector.

Sin embargo, esta aplicación se amplía para "dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales", señala el PP, autor de la iniciativa, en la justificación de su enmienda, "aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a Presupuestos".

Esta enmienda se registró justamente el pasado 5 de mayo, el mismo día en que España perdió su primer arbitraje internacional, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables.

Estas disposiciones con rango de ley suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016, según las previsiones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó ayer un informe en el que cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.