El Govern cobrará los impuestos de 180 empresas públicas con su propia Agencia


  • El Govern decreta que a partir de octubre el pago de impuestos y cotizaciones sociales del tejido empresarial vinculado a la Generalitat se haga en la Agencia Tributaria Catalana.

  • La disposición permitirá a la Hacienda catalana ingresar en torno a 4.500 millones de euros que antes iban directamente a la Agencia Tributaria estatal y la Seguridad Social.

El president de la Generalitat, CarlesPuigdemont,  flanqueado por su vicepresidente económico, Oriol Junqueras y su conseller de Exteriores, Raúl Romeva.

El president de la Generalitat, CarlesPuigdemont, flanqueado por su vicepresidente económico, Oriol Junqueras y su conseller de Exteriores, Raúl Romeva. BARCELONA | EUROPA PRESS

A partir del próximo mes de octubre la Agencia Tributaria Catalana (ATC) será la encargada de ingresar en las arcas del Estado los pagos por impuestos y cotizaciones sociales de 180 empresas públicas dependientes de la Generalitat que hasta ahora realizaban este trámite de forma directa ante la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) y la Tesorería General de Seguridad Social (TGSS).

Así se establece en el 'Programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los impuestos y las cotizaciones sociales que el sector público de la Generalitat ingresa en el Estado' aprobado entre abril y julio por el Govern catalán y que éste acaba de activar mediante la puesta en marcha de un programa piloto en el que participarán Incasol (el instituto catalán de suelo), infraestructures.cat (el gestor de infraestructuras), la Agència Catalana de Joventut y la propia ATC.

El planteamiento de fondo del Govern es que las entidades ingresen los pagos por IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades y otras figuras tributarias, que hasta ahora pagaban directamente a la Agencia Tributaria Estatal, en la Agencia Tributaria Catalana y que, posteriormente, sea ésta la que gestione de forma directa el pago y la relación con el organismo estatal. Lo mismo sucedería con los pagos por cotizaciones sociales, que las entidades dejarán de abonar de forma directa a la Tesorería de la Seguridad Social para depositarlas en la ATC para su posterior remisión al organismo estatal.

El plan trazado por la Generalitat ya ha comenzado a aplicarse. El programa piloto está en marcha y, según fuentes del Govern catalán, 120 de las 180 entidades que a partir del mes de octubre deberán ingresar sus impuestos y cotizaciones en la Agencia Tributaria Catalana ya han suscrito el convenio que dará soporte jurídico a la centralización de estas gestiones. Lo acabarán haciendo todas porque la disposición es de obligado cumplimiento, según confirman fuentes de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat.

El objetivo es que en octubre ya sea la ATC la que tramite estos pagos con el Estado. Un movimiento que permitirá a la Generalitat tramitar 4.500 millones de euros en impuestos y cotizaciones que hasta hora estaban fuera de su control y, sobre todo, dispone de un volumen muy importante de información que antes no gestionaba.

Para hacerse una idea de lo que esto supone basta con decir que la Agencia Tributaria Catalana preveía gestionar la recaudación de 2.753,6 millones de euros este año, una cifra muy inferior a la que empezará a gestionar a partir de octubre.

Otra cuestión. La intención del Govern no es sólo que la ATC gestione estos pagos sino también las eventuales controversias con el Estado que se pudieran generar en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estos 180 organismos. En esta primera fase son 180, pero la Generalitat ya ha comenzado a maniobrar para que las universidades y los ayuntamientos que lo deseen participen también en este programa.

¿Eficiencia o desconexión?

La explicación oficial que se da desde la Vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat es que se trata de una medida de optimización, homogeneización y simplificación de la gestión tributaria, "que busca replicar el modelo de cumplimiento de sus obligaciones de las grandes corporaciones empresariales en busca de ahorros y de una mayor eficiencia, y que está dentro del ámbito de competencias de la Generalitat".

Otras fuentes familiarizadas con la gestión de la Hacienda Pública ven, sin embargo, en el movimiento un paso adelante en la configuración de una futura Hacienda catalana sobre la mejor base de cualquier sistema tributario: el control de la información disponible. "Uno de los principales problemas que se encontraría una futura Hacienda catalana sería la falta de información sobre la situación fiscal de sus contribuyentes, ya que ésta obra en poder de la Agencia Tributaria Estatal. Lo que están haciendo es empezar a cubrir ese déficit, primero por el sector a cuya información tienen más fácil acceso", señala un antiguo alto cargo del Ministerio de Hacienda.

Al Ministerio de Hacienda el asunto no le preocupa, al menos de momento. Las fuentes consultadas argumentan que la Generalitat ya podía disponer de la información que ahora va a gestionar de manera directa y no creen que sea el germen de un movimiento más audaz para empezar a reclamar información a contribuyentes privados: particulares y empresas.

"Si nos cuesta a nosotros obtener la información fiscal de los contribuyentes, no creo que se la vayan a ofrecer a la Generalitat de forma voluntaria", recalca un alto cargo del Ministerio.